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  • Las instituciones públicas que reciben asignaciones provenientes de la contribución especial para la seguridad rindieron cuentas de estos fondos al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. La ejecución de los recursos contribuyó a la disminución de los delitos.

 

Desde la entrada en vigencia de los Decretos Legislativo N°161 “Ley de Contribución Especial a los Grandes contribuyentes para el Plan de Seguridad Ciudadana” y el Decreto N° 162 “Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia” en noviembre de 2015, se ha recaudado $57,544,717 millones, de acuerdo al informe presentado este día ante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC).

 

De enero a diciembre de 2016, el Estado asignó un total de $50,541,070 para la puesta en marcha de acciones orientadas a la prevención y persecución del delito, gracias a la contribución especial para la seguridad ciudadana.

 

De estos recursos se ejecutaron al cierre del año $46,053,946 lo que representa el 91% de los fondos asignados a las instituciones ejecutoras, entre ellas Ministerio de Defensa, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Fiscalía General de la República y Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

 

Los funcionarios de estos ramos, rindieron cuentas sobre el uso de estos recursos ante el CNSCC, ente encargado de recomendar prioridades sobre el destino del dinero recaudado por la contribución especial, según lo establecen los decretos que dieron vida a este mecanismo de financiamiento.

 

El Comisionado Presidencial para la Seguridad Ciudadana, Hato Hasbún, destacó que esta rendición de cuentas busca garantizar la orientación de los recursos bajo una concepción integral tal como lo establece el Plan El Salvador Seguro (PESS).

 

Por su parte el Ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde dijo que “El efecto de implementar todas estas acciones es claro: el año pasado tuvimos en total 5,278 homicidios frente a los 6,656 del 2015, esto representa una reducción del 20.7%”.

 

Añadió que dicha tendencia se ha extendido al inicio de 2017 e incluso profundizándose, a la luz de los registros: “El mes de enero de 2017 lo terminamos con 256 homicidios, no solamente representa una reducción respecto a los 740 de enero 2016, sino que incluso respecto al mes inmediato anterior (diciembre), que tuvo 331”, dijo.

 

“Fundamentalmente lo que hace la diferencia es haber hecho un abordaje integral, articulando los esfuerzos de persecución penal en todo el territorio nacional con la parte preventiva y que lo hayamos hecho de acuerdo a la organización que para el tema preventivo este consejo definió”, puntualizó el ministro.

 

Del total de los fondos asignados, el 72.2% han sido adjudicados a instituciones cuya función es la persecución del delito y la atención de víctimas, mientras que a la prevención se destinó el 27.8%.

 

Los más de $50 millones asignados fueron distribuidos de la siguiente forma: Ministerio de Educación con $5,600,000; Fiscalía General de la República $2,550,000; Policía Nacional Civil $19,650,000; Dirección General de Centros Penales $2,323,070; Fuerza Armada $9,400,000; Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia $168,000; Academia Nacional de Seguridad Pública $500,000; y al Ministerio de Salud $1,400,000.

 

Además, se asignaron $500,000 para la Dirección de Atención a Víctimas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública; $900,000 para el Viceministerio de Prevención Social; $4,450,000 para el Instituto Nacional de la Juventud; $800,000 para el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local; $400,000 para el Instituto Nacional de los Deportes; $400,000 para la Secretaría de Cultura y $1,500,000 para la Secretaría de Gobernabilidad.

 

Estos fondos han servidos para echar a andar distintas acciones, como la contratación de 100 nuevos fiscales, la entrega de bonos trimestrales para la policía, elementos de la Fuerza Armada que apoyan labores de seguridad y custodios de centros penales; compra de equipo para la Policía por un valor de $2,300,000; y la habilitación de espacios físicos para la atención a víctimas en 6 hospitales nacionales (Mejicanos, Soyapango, Zacatecoluca, Santa Ana, Usulután y Jiquilisco).

 

También destacan acciones en el campo preventivo: dinamización de espacios públicos gracias al Plan Cero Grafitis; reinserción al sistema educativo de 4,715 estudiantes que habían dejado de asistir a la escuela; restauración en infraestructura de 95 centros educativos; asistencia técnica psicosocial en 110 centros escolares y la inclusión de 3,119 jóvenes en 10 municipios a programas de habilidades y competencias para la vida y el trabajo.

 

Esta inversión benefició a 403,233 habitantes de nueve municipios priorizados por el Plan El Salvador Seguro: Colón, Cojutepeque, Ciudad Delgado, Soyapango, Mejicanos, Zacatecoluca, Jiquilisco, Santa y Sonsonate.

 

Los $50 millones asignados representan más del 87% del total recaudado por la contribución especial en 2016, que ascendió a $57.5 millones. Los fondos restantes están en espera de ser presupuestados en la asignación que se realizará este año.

San Salvador, 1 de febrero de 2017.