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Los Acuerdos de Paz, firmados entre el Gobierno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), no solo pusieron fin al enfrentamiento de las fuerzas beligerantes en un conflicto que duró 12 años, sino que abrió el camino de la pacificación y de la institucionalidad democrática para la prosperidad de la sociedad salvadoreña.

Este 16 de enero se cumplen 27 años del histórico acontecimiento, concretado en el Castillo de Chapultepec en Ciudad de México, ante la presencia de varios jefes de Estado y la máxima autoridad de la Organización de Naciones Unidas, testigos de un acto ejemplarizante para el resto del mundo ansioso de una paz eterna para todos sus habitantes.

Antecedidos por una crisis política y social durante la década de 1970, los Acuerdos culminaron un largo proceso de diálogos que pusieron fin a un conflicto que costó más de 75 mil víctimas entre la población civil.

Otras decenas de miles de personas resultaron heridas, mutiladas e incapacitadas de por vida, numerosas fueron las graves secuelas psicológicas por torturas y vejaciones, y gran cantidad de niños quedaron huérfanos de padre, madre, o ambos a los había que ofrecerle un futuro lleno de confianza y esperanza.

A esas cifras se sumó el estancamiento del desarrollo económico, la destrucción de una buena parte de la infraestructura y la migración de miles de salvadoreños, por lo que los Acuerdos significaron la reconstrucción del país, y lo más importante la refundación del Estado y de las bases para un proceso de democratización, lo que marcó un antes y un después en la historia más reciente de El Salvador.

La reconciliación y el consenso formaron a partir de entonces elementos fundamentales dentro de la sociedad salvadoreña, tal como lo expresaba el texto de los Acuerdos para una paz que se fue instaurando gracias a la voluntad política de ambas partes del conflicto sobre la base del irrestricto respeto a los derechos humanos.

El documento final se dividió en nueve capítulos que abarcaron cinco áreas fundamentales: modificación de las Fuerzas Armadas, creación de la Policía Nacional Civil, modificaciones al sistema judicial y a la defensa de los Derechos Humanos, modificación en el sistema electoral y adopción de medidas en el campo económico y social.

Con esa visión se adoptaron reformas constitucionales que permitieron crear la Policía Nacional Civil, para resguardar la paz, la tranquilidad, el orden y la seguridad pública, y disponer de la Fuerza Armada, con carácter independiente, para la defensa de la soberanía del Estado y la integridad del territorio nacional.

Asimismo, se determinó que ese organismo castrense colaboraría en obras de beneficio público, encomendadas por el órgano ejecutivo y auxiliaría a la población en casos de desastre nacional. Numerosos son los ejemplos que avalan el cumplimiento de esa disposición.

Sobre esas bases ambas instituciones son hoy garantes de la implementación del programa El Salvador Seguro, y sus significativos resultados en la reducción de los delitos y la criminalidad en el país, así como en la atención de los afectados por las consecuencias de fenómenos naturales.

No menos importante fue lo estipulado para la atención de los lisiados, los combatientes caídos y sus familiares, y los veteranos de guerra, por lo que, en cumplimiento de lo acordado entonces, actualmente más de 22 mil excombatientes y veteranos reciben pensiones al asignarse cerca de 10 millones de dólares a esos fines por el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén.

Igualmente, a más de 19 mil personas lisiadas se les brindan prestaciones económicas y rehabilitación, mientras 56 mil ex combatientes han sido beneficiados en los últimos cuatro años con jornadas de salud bucal, consultas oftalmológicas e intervenciones quirúrgicas.

Para consolidar esa responsabilidad gubernamental en el presupuesto para el presente año se incluyó la más alta asignación de la historia para la atención a veteranos de guerra, con un monto ascendente a 52 millones de dólares.

En relación con el Plan de Reconstrucción Nacional muchas han sido las estrategias e iniciativas de los gobiernos del cambio para la creación de oportunidades de empleo, acceso a la educación, salud y cultura, además del desarrollo integral de sectores como la agricultura, la construcción, la rehabilitación de la infraestructura vial y la economía.

Baste mencionar programas como el Salvador Educado; Una niña, un niño, una computadora, la Universidad en Línea, Jóvenes con Todo, la Reforma Integral de Salud, Ciudad Mujer, los bonos y las tarjetas solidarias, la entrega de más de 70 mil escrituras de propiedad de tierras, el mejoramiento de los servicios de agua potable y electricidad, y lo más significativo un crecimiento económico sostenible que en 2018 se situó en un 2,6 por ciento.

Por eso es válido afirmar que los Acuerdos de Paz, firmados en enero de 1992, tienen hoy más vigencia que nunca porque han hecho posible construir un El Salvador productivo, educado y seguro.