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  • Con la entrada en vigencia del decreto aprobado ayer por la Asamblea Legislativa y sancionado el mismo día por el presidente Sánchez Cerén, el gobierno espera que los tres poderes del Estado mantengan una postura de unidad y trabajo coordinado para combatir con más efectividad la criminalidad.

La aprobación unánime en la Asamblea Legislativa del decreto que contiene las Disposiciones Especiales Transitorias y Extraordinarias en los Centros Penitenciarios, Granjas Penitenciarias, Centros Intermedios y Centros Temporales de Reclusión, el cual ya está en vigor, evidencia la buena voluntad de las fuerzas políticas del país por erradicar el flagelo de la violencia.

Así lo manifestó el secretario de comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, al asegurar que dicho consenso reflejó “un importante momento de unidad de nación, de unidad de país donde ya el tema de seguridad no es visto como el problema del gobierno, sino como el problema de todos los salvadoreños y salvadoreñas”.
“Más allá de las diferencias político partidarias, ideológicas que podamos tener, en el tema de seguridad estamos presentando un frente común, un esfuerzo común, donde los diferentes partidos presentamos una voz común fuerte ante los criminales, y esa es la relevancia del decreto que se aprobó ayer”, dijo el funcionario en la entrevista Gobierno Informa.
Para el portavoz de Casa Presidencial, la aprobación, sanción y entrada en vigencia de este decreto envía un  mensaje a las estructuras criminales de que el país ha iniciado una ruta de unidad contra la violencia.
En la entrevista, el vocero del gobierno reiteró la importancia de que cada poder del Estado haga su trabajo por la seguridad del país, y aseguró que el Ejecutivo espera que la Corte Suprema de Justicia y la Sala de lo Constitucional se sumen con más protagonismo a este esfuerzo liderado por el presidente Salvador Sánchez Cerén.
“Nosotros tenemos la expectativa de cuáles serán los compromisos que en definitiva asuma y cumpla la Corte Suprema de Justicia y la Sala, porque tienen deudas con el país, una de ellas es el desbloqueo de los 900 millones que nos tienen confiscados, 100 de los cuales son para la seguridad”, indicó.

Manifestó que otra de las expectativas que tiene el gobierno es conocer en qué medidas la Sala de lo Constitucional va a poder superar la mora judicial sobre los expedientes penales sin resolver.
“La pregunta es si al fin la Corte Suprema de Justicia va a depurar el sistema de jueces del país, pero además  con todo el esfuerzo que está haciendo la PNC por capturar a los criminales, necesitamos también más tribunales especializados en materia penal”, expresó.

 

San Salvador, 02 de abril de 2016