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  • De acuerdo con el secretario de comunicaciones el combate a la criminalidad requiere más del fortalecimiento de los programas de prevención y control territorial y no de suministrar armas a la población.

La iniciativa de proveer armamento a las comunidades para que contribuyan al combate a la criminalidad no es un camino viable para el gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén, ya que lejos de erradicar la violencia en los territorios generará mayores problemas sociales.

 

Así lo explicó el secretario de comunicaciones, Eugenio Chicas, quien aseguró que los trabajos para combatir los niveles de violencia deben centrarse en fortalecer la ejecución del Plan El Salvador Seguro, que ya ha arrojado resultados favorables como la disminución en más del 50% de los homicidios.

 

“Lo que se necesita es un mayor involucramiento ciudadano, no necesariamente de manera armada. ¿Qué es lo que ocurre cuando se entrega armas a la población?  Y eso lo hemos visto en Colombia y en México, se multiplica el número de víctimas, porque los civiles no están debidamente formados para la utilización de armas letales”, explicó el vocero del gobierno.

 

Asimismo, indicó que con esta situación se corre el riesgo de que muchas de esas armas que se entreguen a civiles terminen en manos de los criminales.

 

“¿Qué va ocurrir si con esos problemas sociales que tenemos le agregamos el ingrediente de darle armas a civiles? Lo que vamos a tener es que vamos a multiplicar los problemas de violencia intrafamiliar, de violencia comunitaria”, manifestó.

 

Para el vocero de Casa Presidencial, la población tiene el legítimo derecho de organizarse para poder apoyar, evaluar y acompañar la seguridad de su propia comunidad y participar en los planes preventivos que lleva a cabo el gobierno en sus territorios, siempre y cuando se actúe apegado a la ley.

 

“En el país ya se viene desarrollando muchas maneras de organización comunitaria para atender la seguridad de su comunidad y apoyar las tareas de la seguridad pública, de la Policía Nacional Civil, la gente debe de sentir la libertad de poderse organizar con esa finalidad de discutir, valorar las condiciones de seguridad de su municipio y buscar maneras legales de cómo puedan aportar”, explicó.

 

Para el secretario de comunicaciones la iniciativa de armar a la población podría obedecer más a intereses políticos y electorales, y no a una estrategia seria de seguridad.

 

“El país tiene una muy buena ruta: El Plan El Salvador Seguro. Más bien lo que necesitamos es disponer de más recursos, por ejemplo, necesitamos esos 100 millones que están ya solicitados a la Asamblea Legislativa para mejorar la infraestructura policial, porque el control territorial no solo se va resolver aumentando el número de policías, sino también dotando a la policía de mayor tecnología”, precisó.

 

Remarcó que en el país no está permitido ni legalizado la existencia de ningún grupo armado civil, que de “manera paralela intente tomar la justicia en sus propias manos”, puesto que “el único órgano de seguridad pública habilitada para esos propósitos es la Policía Nacional Civil, que coyunturalmente cuenta con el apoyo de la Fuerza Armada”.

 

 

San Salvador, 9 de mayo de 2017.