Print Friendly

La grave crisis fiscal del país se debe al injusto bloqueo impuesto a trascendentes programas sociales y a las finanzas públicas, con el propósito de debilitar al gobierno, arrebatando conquistas que benefician a la población y acumulan a la posibilidad de continuidad del FMLN en el ejecutivo. El ataque es ocasionado por un sector pudiente de derecha irracional, desesperadamente empeñado, a toda costa, en la recuperación del poder político perdido que considera su patrimonio exclusivo y lo ha logrado lamentablemente en estrecha coincidencia con resoluciones y sentencias de la Sala de lo Constitucional, dictadas por jueces cada vez más descubiertos en incestuosa relación de objetivos con esos poderes fácticos. Lo expongo claramente con la solvencia que me da haber acatado y ejecutado a cabalidad cada uno de sus fallos emitidos desde 2010 cuando iniciaron la transformación de la política pública electoral.

Estos juristas en su mayoría considerados de narcisistas a semidioses –defecto de apariencia y tolerable-, hoy decantan en retorcidos y repugnantes jueces medievales que cada vez resuelven con mayor virulencia, trascendiendo de la legítima independencia de poderes al gobierno de los jueces; desmoronando con sus temerarias actuaciones la esperanza de justicia, que sigue pendiente desde Chapultepec. Es una lástima.

Pese a este bloqueo, solo el sentido de compromiso ha logrado resultados trascendentales en la ejecución de la agenda social gubernamental, como se aprecia en el informe presentado por 34 instituciones que conforman el Gabinete Social. Se estima la prioridad cumplida de invertir en la gente, con notorios logros en el combate a la pobreza y clara disminución de las desigualdades; progreso considerable del ingreso y protección de la familia que hoy cuenta con un mayor acceso a la canasta básica de alimentos y mejores condiciones de vida, producto de una sostenida inversión pública contundentemente comprobada en la ejecución de 7000 millones de dólares en políticas sociales, creciendo al 48 % la inversión social, mientras en gobiernos anteriores tan solo llegaba al 35 %.

Avalado por organismos internacionales, la reducción de la pobreza en el último año llegó de un 34.8% al 32.7 %, también disminuyó un 42 % la desnutrición crónica en escolares de primer grado entre los años 2007 al 2016. Más del 90 % de infantes están protegidos con el programa nacional de vacunación, ubicándonos en los primeros lugares en la región. Se destaca la extraordinaria baja de la mortalidad materna de 42.3 casos a solo 27.4 por cien mil nacidos, debido a que el 90 % de mujeres en gestación reciben control prenatal y el 98 % de los partos son atendidos en hospitales; además se suman exitosos programas como la promoción de lactancia materna al menos hasta los seis meces del recién nacido. Es comprobable que nuestro país disminuyó desigualdades de acuerdo al índice de GINI que se redujo de un 0.48 en el año 2008, a 0.36 en el año 2016.

Hoy nuestro país es orgullosamente más saludable, dos millones y medio de personas tienen mayor acceso a la salud por una inversión superior a 160 millones de dólares en 191 establecimientos del Minsal y del ISSS. Se destacan policlínicos como el recién inaugurado por el ISSS en Apopa, con una inversión de 12 millones de dólares y el nuevo hospital de La Unión, con una inversión de 13 millones de dólares. Es significativo el ahorro de la población en más de 340 millones por la disminución de precios de medicamentos. Agregamos a estos logros una mayor esperanza para nuestros adultos mayores con la ampliación progresiva a una pensión universal, el sensible mejoramiento del sistema hospitalario y de atención primaria, y la disminución de los precios de los medicamentos.

En materia educativa, avanzó la formación de 33,465 docentes actualizados y especializados en sus materias; un 32% de centros educativos fueron reparados, rehabilitados o equipados; y hay una mayor cobertura de la educación inicial y parvularia. Se destacan programas como “Un niño, una niña, una computadora” que entregó 38,000 computadoras y capacitó a 17,000 docentes de 1,802 centros educativos. Se proporcionaron paquetes escolares para más de 1,3 millones de estudiantes de parvularia a bachillerato de 5,154 centros educativos; el vaso de leche cubrió 1 millón de estudiantes de 3,010 escuelas; y el programa alimentario llegó a 1,2 millones de estudiantes de 5,109 centros educativos. No podemos dejar de mencionar los buenos resultados del incremento al salario mínimo; los 138 km de carreteras y caminos rurales, la construcción de 26 puentes, la eliminación de 316 cárcavas, los paquetes agrícolas para más de 450 mil familias asegurando su alimentación y el abastecimiento del mercado; el magnífico programa de Ciudad Mujer y el mayor acceso a la vivienda, a la propiedad y a la tierra productiva.

Los resultados abundan y están a la vista de quien los quiere ver y comprobar; por esto sobran razones para defender el rumbo social de este gobierno y sobran ganas para enfrentar con las herramientas que el sistema nos brinda, a quienes lo obstaculizan.