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Desatar un proceso gradual de integración y promover el desarrollo económico y social de la región son dos de los objetivos principales de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), organismo creado con respeto a la diversidad, democracia y derechos humanos de los países miembros.

Su estrategia fundacional dejó claro que para alcanzar esos propósitos la prioridad debía ser la integración política, económica, social y cultural de los más de 600 millones de personas que habitan en América Latina y El Caribe.

De ahí que uno de los primeros pasos para su constitución se dio en diciembre de 2008, en ocasión de la Cumbre de América Latina y el Caribe (CALC) sobre Integración y Desarrollo realizada en Brasil, y en la cual se debatió por primera vez sin la presencia de Estados Unidos, Canadá y Europa.

Con tal antecedente la CELAC fue constituida en ocasión de la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe en Playa del Carmen, México, el 23 de febrero de 2010, y puesta en funcionamiento el 3 de diciembre de 2011 en la Cumbre Fundacional de Caracas.

Los países que la integran son: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guayana, Haití, Honduras y Jamaica.

Además de México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Dos años después de su creación y al calor de su significado para la región, el Comandante Hugo Chávez afirmó en enero de 2013: “Gracias a la CELAC ya nos vamos pareciendo a lo que una vez fuimos (…) El espíritu de la unidad ha vuelto con todas sus fuerzas (…).

Espacio para debates y consensos

Cada año desde su fundación los jefes de Estado y Gobierno de las 33 naciones que integran el bloque se reúnen en el país que ocupe la presidencia pro tempore para debatir, analizar, llegar a un consenso y adoptar acuerdos sobre los temas más acuciantes del momento y que interesan a la región.

Así en la I Cumbre celebrada en Santiago, Chile, los días 27 y 28 de enero de 2013, se rindió cuentas del cumplimiento de la Declaración de Caracas 2011, la cual incluyó generar medidas ante la crisis económica global, programas concretos de combate al hambre y la pobreza, la protección del medio ambiente y el cuidado del migrante.

Además, se hizo entrega oficial a Cuba de la presidencia pro tempore del período 2013-2014, donde tuvo la II cita marcada por la declaración que hizo el presidente Raúl Castro de la región como zona de paz.

También los jefes de Estados y de Gobierno expresaron su apoyo a Argentina en sus reclamos por la recuperación de las islas Malvinas, y discutieron acerca de la lucha contra el dominio de las trasnacionales, el bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba y se transfirió la presidencia pro tempore del mecanismo integracionista a Costa Rica.

La responsabilidad para el país centroamericano en 2015 al frente de la CELAC fue diseñar una estrategia para erradicar la pobreza extrema de la región.

Al término de su mandato Costa Rica traspasó la presidencia pro tempore al gobernante de Ecuador, Rafael Correa, quien en enero del 2016 condujo la IV Cumbre, cita en la que se evaluaron los avances en la erradicación de la pobreza y la reducción de la desigualdad. Allí también se abogó por la constitución de una paz verdadera en Colombia.

Al término de ese encuentro asumió la dirección de la organización República Dominicana, donde el 24 y 25 de enero de 2017, se desarrolló la V Cumbre de la CELAC que reafirmó la vigencia del acervo histórico de la Comunidad y se alzaron denuncias contra las agresiones de Estados Unidos a Venezuela y Cuba.

Precisamente el día 25 El Salvador recibió el mandato de conducir al bloque durante 2017, con la convicción de fortalecer la unidad regional como aspiración histórica de sus pueblos, factor necesario para avanzar hacia el desarrollo sostenible y el bienestar social.

Para El Salvador es la oportunidad de refrendar uno de los acuerdos fundacionales: “(…) la construcción de un orden internacional más justo, equitativo y armónico, fundado en el respeto al derecho internacional, la igualdad soberana de los Estados, la solución pacífica de controversias, el respeto a la integridad territorial y la no intervención en los asuntos internos de los Estados, sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas”.