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La postura de izquierda, en alianza con amplios sectores progresistas, que incluye importantes agrupamientos del empresariado, propone un modelo productivo con desarrollo social.

La falta de consenso y acuerdo político sobre las finanzas públicas, además del enfrentamiento mediático por mezquinos intereses electoreros de la derecha, objetivamente sigue siendo una de las dificultades más significativas para acelerar la marcha al progreso; y es que el presupuesto nacional y la política de endeudamiento, como parte de la economía, son hoy la expresión del nuevo campo de la batalla y confrontación ideológica de dos maneras diferentes de concebir y asumir el desarrollo.

Una parte del viejo y rancio empresariado partidista de derecha atrasada, tercamente, promueve la fracasada estrategia del rebalse económico: solo la mera reactivación libertina de las empresas producirá empleos y estos, por arte de magia, producirán bienestar. Este enfoque esconde la manera más egoísta y miope de acumular riqueza de corto plazo, buscando a toda costa recuperar el poder perdido, sin atender la responsabilidad social que derive en un entorno de crecimiento amplio y sostenible.

La postura de izquierda, en alianza con amplios sectores progresistas, que incluye importantes agrupamientos del empresariado con visión de país, propone un modelo productivo con desarrollo social que comenzó a aplicarse con el arribo de los gobiernos del cambio, a partir del 2009. Esta iniciativa propone y ejecuta la estrategia trazada por Naciones Unidas, mediante los Objetivos para el Desarrollo Social del Milenio con una importante inversión social sostenida que prioriza y focaliza la atención coordinada del Estado en los sectores históricamente marginados y más deprimidos —principalmente mujeres, jóvenes, sectores rurales y sub urbanos—.

Por lo tanto, esta polarización antagónica no es antojadiza, ni solo mediática; esencialmente, es un bloqueo de interés electorero desde un sector poderoso de derecha que busca imponer su manera de conducir el país para lograr una mezquina acumulación de riqueza; frente a la visión consensuada por el progreso nacional en beneficio de todos.

En el caso de la rancia derecha, que hoy bloquea el ejercicio de gobierno, ya tuvieron 20 años continuos gobernando para probar su fracasada tesis del rebalse de migajas. Resulta contundente que con el mismo marco de finanzas públicas gobiernos del pasado apenas destinaban el 31 % a la inversión social, mientras que en la actualidad se dedica el 47 % en programas visibles que han demostrado el cambio en las condiciones de vida de las familias que van saliendo, y superando la extrema pobreza y se incorporan con mucha esperanza al tren del progreso.

En esta coyuntura la búsqueda de acuerdos sobre las finanzas públicas es más compleja: comprende además de la aprobación del presupuesto para 2018, el financiamiento extraordinario de todos los rubros ordenados por la sentencia de la Sala de lo Constitucional y la conversión de deuda de corto plazo a largo plazo, con el objeto de pagar menores intereses para el erario público. Asimismo, significa arribar a un acuerdo de país que asegure el financiamiento y pago de compromisos que necesitará cumplir el nuevo gobierno que asuma el poder para el periodo 2019-2024, aprovechando el contexto del sano ejercicio democrático de tener reglas claras e incertidumbre electoral de resultados en toda elección.

Desde la presentación de la propuesta de presupuesto ante la Asamblea Legislativa, el pasado 30 de septiembre, los partidos políticos, especialmente Arena, han tenido suficiente tiempo y experiencia para analizar rigurosamente el contenido de la misma. Fue parte del proceso incluir el acompañamiento técnico del BID, considerando la necesidad de la contraparte de atender las desconfianzas en sus propias filas.

A estas alturas es incomprensible e inaceptable el retraso de terminar el año sin un acuerdo integral; sobre todo, conociendo el daño y señal negativa para la población, inversionistas, comunidad financiera internacional y calificadoras de riesgo. El retraso genera un resultado negativo para el país al aumentar la expectativa de inestabilidad financiera y el posible retraso en el pago de las obligaciones generales del Estado, como el pago de la deuda pública y las obligaciones previsionales o los compromisos legales de escalafones, por la consabida diferencia de los montos entre uno y otro presupuesto.

Es cierto que la Constitución prevé que, ante la falta de acuerdo legislativo en 2018, entraría en vigencia el presupuesto 2017, pero esta grave situación retrasaría la ejecución de importantes proyectos y programas priorizados para el ejercicio 2018, afectando el crecimiento económico por la importancia que tiene la inversión pública en el ciclo de la macroeconomía para generar crecimiento económico, empleos y el desarrollo social.

En ese escenario no se ejecutarían proyectos habitacionales en el Centro Histórico de San Salvador, el baipás de San Miguel, se suspendería la ampliación de la carretera Zaragoza-Puerto de La Libertad, afectaría la ejecución de Fomilenio II, así como proyectos de emprendedurismo agropecuario en los municipios en extrema pobreza y otros de combate a la vulnerabilidad; frena la modernización y ampliación del aeropuerto internacional Monseñor Romero e igualmente obras de modernización y equipamiento del puerto de Acajutla, debido a los fondos de contrapartida ubicados en el Presupuesto 2018.

Es necesario entonces sentar cabeza y aprobar el necesario presupuesto para promover el desarrollo de nuestro país.