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  • El Consejo también conoció de primera mano los resultados de la  implementación del Plan El Salvador Seguro en 10 municipios priorizados.

 

El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC) sesionó este viernes en Casa Presidencial para analizar las medidas excepcionales que el gobierno y demás órganos del Estado adoptarían para hacer frente a la situación de inseguridad.

 

Al encuentro asistieron los representantes de los distintos sectores que integran el consejo: iglesias, alcaldías, gremiales empresariales, instituciones del Estado, países cooperantes y organismos internacionales.

 

Además, destacó la presencia de figuras de los partidos políticos con representación en la Asamblea Legislativa: ARENA, FMLN, PDC, CN y GANA.

 

El comisionado presidencial para la seguridad y coordinador del CNSCC, Hato Hasbún, señaló que las medidas excepcionales que actualmente evalúan los presidentes de los tres órganos del Estado y la Fiscalía General de la República son esfuerzos adicionales a las acciones que ya se ejecutan en el marco del Plan El Salvador Seguro (PESS) –elaborado por el CNSCC– y que las mismas se desarrollarían en ámbitos que van desde la persecución y represión del delito hasta la atención al sistema penitenciario.

 

“El presidente no habló de estados de excepción, sino de medidas excepcionales y en esas estamos trabajando”, aseguró el comisionado.

 

Señaló que la adopción de estas medidas no implica dejar de lado las acciones que ya se ejecutan en el marco del PESS.

 

“Nosotros no estamos modificando el Plan El Salvador Seguro, este puede tener aportaciones, propuestas nuevas, está abierto, no es un plan cerrado, se trata de ir impulsando dentro del plan algunas medidas extraordinarias en un momento y en una situación complicada”, subrayó el funcionario.

 

Por su parte, el ministro de justicia y seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, hizo énfasis en que la adopción de medidas excepcionales debe de ir acompañada de la disponibilidad de recursos, tanto financieros como legales.

 

“Lo que se está discutiendo son medidas extraordinarias que están al alcance del gobierno y que seguramente requerirán de recursos adicionales, recursos como  por ejemplo de índole legal, decretos legislativos que las apoyen, que las permitan y también recursos financieros”, dijo el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

 

“Si hablamos de mayor presencia, mayor equipamiento o diferentes planes o proyectos pues seguramente las necesidades se incrementarán”, añadió.

 

El funcionario también explicó a los miembros del Consejo algunos de los resultados de las acciones implementadas en el marco del PESS en 10 municipios priorizados por sus altos índices de incidencia criminal.

 

“Hemos priorizado 81 sectores en estos municipios  y hasta ahora el efecto ha sido que la incidencia delincuencial ha bajado de forma drástica y se está generando un ambiente más propicio para una participación de la ciudadanía y por supuesto del trabajo de las instituciones”, dijo el ministro.

 

El director general de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, añadió que si bien San Juan Opico, municipio en el que el pasado 3 de marzo ocurrió un homicidio múltiple de 11 personas, no figura dentro de los 10 priorizados por el PESS, se ha tomado la decisión de aplicar en el lugar acciones similares a las que ya se están ejecutando en aquellos lugares.

 

 

 

San Salvador, 11 de marzo de 2016.