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El gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén expresó hoy su preocupación y calificó como un duro golpe a la población la decisión de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de admitir una demanda y frenar la emisión de títulos valores por $900 millones.

 

La decisión de cuatro de los cinco magistrados afectará la ejecución de programas de desarrollo en áreas estratégicas como la seguridad, manifestó el secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial.

 

Informó que  el Ministerio de Hacienda ya había iniciado la negociación de los primeros $100 millones, los cuales estarían destinados específicamente al equipamiento de la Policía Nacional Civil, vehículos y fortalecimiento institucional.

 

Aclaró que, si bien los $100 millones ya se habían colocado en la bolsa, el dinero aún no ha entrado a las arcas del gobierno, por lo que la resolución emitida afecta la continuidad de la operación.

 

“Esto constituye un duro golpe a la población, afecta significativamente los planes específicos en materia de seguridad”, reiteró el funcionario.

 

El vocero del gobierno recordó el llamado que hace unas semanas hizo el presidente de la República para que la Sala de lo Constitucional observe en sus resoluciones el contexto del país.

 

“Esperamos que en la Sala haya prudencia, la expectativa que tenemos es que haya reflexión ya que es de imaginarse el impacto que tendrá para la población el desmejorar los programas que se tienen en materia de seguridad pública”, argumentó.

 

El gobierno, dijo el secretario Chicas, hace un llamado a la Sala de lo Constitucional para que tenga “mesura” y consideración de las necesidades y condiciones del país ante este tipo de decisiones.

 

La sentencia de la Sala prohíbe al Ministerio de Hacienda y al Banco Central de Reserva realizar toda operación que guarde una relación directa o indirecta con la emisión y colocación de títulos valores de crédito, hasta que se resuelva la demanda.

 

El secretario afirmó que tanto la Asamblea Legislativa como el Gobierno actuaron conforme a la ley.

 

“Desde nuestra perspectiva y en nuestra interpretación, lo aprobado por la Asamblea está totalmente apegado a la Constitución, por lo tanto -desde nuestro análisis- no hay violación constitucional”, dijo Chicas.

 

Manifestó que pese a este “duro  golpe a la sociedad salvadoreña”, el gobierno del presidente Sánchez Cerén está convencido “de continuar” los planes de seguridad y buscar otros mecanismos que permitan garantizar la seguridad pública a la población.

 

San Salvador, 11 de junio de 2015.