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  • La cultura de paz que debemos promover en esta inclusión curricular debe encaminarse a un enfoque de derechos y deberes asociados a la convivencia pública, que fortalezca las relaciones interpersonales, que se encamine al precepto constitucional del “bien común”.

2017 fue nominado como el “Año de la Cultura de Paz” y podría consolidarse como tal, si logramos una  buena  ejecución de tan necesario propósito, convirtiendo este enfoque en el mejor legado para las actuales y futuras generaciones. Este interés surge del conjunto de actos conmemorativos de los 25 años de aquella gesta de paz y de la evaluación y retos que enfrentamos como sociedad. Ese viraje cultural coincide en espíritu con el propósito legislativo de agregar al pensum educativo la asignatura de Moral, Urbanidad y Cívica, debido a la identificación de esas carencias.

Es indudable que nuestra sociedad enfrenta muchas dificultades que se expresan en diversos conflictos irracionales, que cobran cuerpo en formas variadas: desde la confrontación política que va más allá del necesario debate ideológico y político interpartidario, el bloqueo de la ejecución de políticas públicas propias del ejercicio legítimo de gobierno, hasta llegar a graves niveles de desigualdad económica y social que tienen a la base un modelo económico excluyente que genera pobreza y marginación, convirtiéndose en el caldo de cultivo en el que se multiplica de manera abundante la polarización, extrema pobreza, inseguridad, violencia y criminalidad.

Indudablemente alcanzar la viabilidad de la ruta-país que nos lleve al progreso exige un enfoque profundo de cultura de paz, que nos permita afianzar la democracia económica y social con suficiente inclusión, equidad y sostenibilidad. Para esto es imprescindible la búsqueda de acuerdos nacionales de segunda generación que reflejen e incluyan la diversidad de intereses y enfoques debidamente armonizados, que vuelva viable al país y en el que tenga sentido el arraigo y la ciudadanía; y ojalá lean quienes corresponde, porque esta integralidad del progreso es el único muro que puede detener la migración forzada.

Nunca fue fácil el diálogo para alcanzar acuerdos, sobre todo en sociedades como la nuestra, donde existen intereses tan diferentes y visiones contrapuestas y mezquinas, donde se crean coyunturas con el único propósito de bloquear y recuperar cuotas electorales; por esto y más, sigue vigente el propósito de reunificar y reconciliar nuestra sociedad pero desde el interés de la propia ciudadanía y el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado.

Por ello, cobra significativa importancia generar programas y mecanismos que desde la base de las comunidades contribuyan a estimular el diálogo, la solidaridad, la convivencia pacífica y armoniosa, el espíritu de aportar a una cultura de pluralidad y valoración de la diversidad, cultivando la conciencia moral en el entorno familiar y comunitario, con visión cívica de país, y sobre todo articulando mayores niveles de participación ciudadana en los temas de interés público.

En las sociedades el respeto y reconocimiento de la individualidad es muy importante, máxime en procesos como el nuestro que surge de rupturas con sistemas dictatoriales, en el que con mucho sacrificio conquistamos el reconocimiento y ejercicio de las libertades y derechos individuales. Sin embargo, debemos reconocer que no hemos podido reformar el sistema económico, social e ideológico dominante que nos inculca un exacerbado individualismo como expresión egoísta y deshumanizada; acompañándole males como el consumismo desenfrenado, aparejado con la falta de conciencia ambiental, cívica y el mayor desinterés por los problemas y necesidades de la comunidad que nos circunda, “si no es con vos, no te metas”.

La cultura de paz que debemos promover en esta inclusión curricular debe encaminarse a un enfoque de derechos y deberes asociados a la convivencia pública, que fortalezca  las relaciones interpersonales, que se encamine al precepto constitucional del “bien común”, al desarrollo del pensamiento crítico con fundamento ético, a la capacidad de ejercer juicio moral sobre los acontecimientos y conductas públicas.

Esto exige capacidad de debate a todo nivel, sin violencia; una debida promoción del conocimiento de la historia patria, del contexto y posibles tendencias regionales y mundiales en el marco de nuestro esfuerzo por encontrar los caminos del desarrollo y contribuir al fomento de la identidad comunitaria, nacional, centroamericana y latinoamericana, como factor de pertenencia cohesionador; y al cultivo de un mayor respeto por la diversidad humana y ambiental, enmarcada en el más estricto espíritu de promoción de derechos humanos, económicos y políticos.

Los ancestros de los pueblos quechuas en el sur de América resumieron su esencia en el “Ama quilla, Ama shua, Ama llulla”, es decir, “No mentir, no robar, no ser ocioso”; pasando a cada generación definiendo su convivencia social. Para nosotros en periodos complejos como éste, nuestro sistema social y educativo está en la obligación de promover el diálogo, respeto, tolerancia, honestidad y solidaridad, fomentar y defender la dignidad humana, estimulando el valor moral que nos conduzca al bien común en el propósito de promover las buenas acciones, vivir honestamente, decir la verdad,  e incluir siempre al prójimo. Hagamos cada uno lo que nos corresponde.