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Los graves acontecimientos en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, una próspera urbe con más de cuatro millones de habitantes, ampliamente reconocida por el pujante desarrollo económico y vocación turística de sus tórridas playas y montañas, está sumida en su mayor y más profunda crisis de falta de agua potable.

En los últimos años con mucha celeridad pasamos de la extrañeza de complejos términos a su uso habitual: cambio climático, calentamiento global, resiliencia y vulnerabilidad ya no son extraños; sin embargo, este progreso lingüístico y conceptual dista mucho del avance en la toma de conciencia y el despliegue de acciones encaminadas a enfrentar la complejidad de semejante reto, del que depende la sobrevivencia misma de nuestra especie.

Los graves acontecimientos en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, una próspera urbe con más de cuatro millones de habitantes, ampliamente reconocida por el pujante desarrollo económico y vocación turística de sus tórridas playas y montañas, está sumida en su mayor y más profunda crisis de falta de agua potable. De acuerdo a información oficial, las reservas de sus diques apenas llegan a un 27% de su capacidad y continúan disminuyendo aceleradamente al fatal “Día Cero” del próximo doce de abril, en el que sus reservas bajarán apenas al 13.5% de disponibilidad total, condición que obligará al cierre del servicio público, cubriendo únicamente una parte de lo indispensable.

También Somalia, un país extremadamente pobre y que ocupa una parte de la costa noreste de África, en el que muy poco dejaron sus colonizadores británicos e italianos, está en crisis ambiental producto de una prolongada sequía que solo entre los años 2010 y 2012 ocasionó la pérdida de más de 260 mil vidas humanas, en su mayoría niños, por una terrible hambruna que asoló su empobrecido territorio. La escasez de agua desoló sus exiguos cultivos y animales domésticos y al final murieron cientos de miles de persona.

En nuestra América, son cada vez más frecuentes los conflictos por la falta de agua. Recientemente en Bolivia, en la Ciudad de El Alto, municipio con una población cercana al millón de habitantes ubicado contiguo a La Paz en la meseta del altiplano, región con una enorme inversión social y pujanza económica en la que se asienta el mayor aeropuerto de Bolivia; por el cambio climático producto del calentamiento global y del crecimiento poblacional, vive una de sus mayores crisis de falta del agua potable, derivando en descontento social.

Esta situación se ha agravado por los mismos efectos del fenómeno climático “El Niño” que hizo desaparecer al lago Poopó en la provincia de Oruro, reserva que tenía una extensión de 2337 km2, considerado el segundo de mayor tamaño después del lago Titicaca —un afluente del que dependía la sobrevivencia de cientos de familias dedicadas principalmente a la pesca— y hoy apenas es un pequeño humedal y desierto en el que desaparecieron más de doscientas especies de vida animal.

En nuestro país esta semana conocimos el lanzamiento gubernamental del “Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento de El Salvador”, iniciativa que de acuerdo a nuestra Constitución se inscribe en el espíritu y letra de considerar obligación del Estado velar por la salud, la vida y el medio ambiente. Aún con la ausencia textual en nuestra Carta Magna del reconocimiento a este derecho humano de acceder de manera suficiente al agua potable y al saneamiento, mucho hemos avanzado en este debate cuyos objetivos ya están incorporados desde el año 2015 a los compromisos adquiridos por este gobierno en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Es justo recordar que fue la bancada del FMLN la que impulsó la reforma al artículo 69 de la Constitución, promoviendo el inciso que textualmente dice:  “El agua es un recurso esencial para la vida, en consecuencia, es obligación del Estado aprovechar y preservar los recursos hídricos y procurar su acceso a los habitantes. El Estado creará las políticas públicas y la ley regulara esta materia”. Esta iniciativa fue aprobada en aquella legislatura 2009-2012; sin embargo, la derecha nunca dio sus votos para la ratificación, aunque desde 2012 nuestro país es suscriptor de la resolución 64/292 de Naciones Unidas adoptada en julio de 2010, que por falta de los mismos votos legislativos todavía no forma parte de nuestro marco constitucional.

Es alentadora la proyección a veinte años con la que se pretende abordar el ordenamiento institucional del sector hídrico hasta hoy disperso; esta iniciativa coincide con el “Plan Nacional para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico” impulsada desde el 2015 por el MARN, con el objeto de ordenar los distintos usos del agua, priorizando el derecho de la población desde la perspectiva de los problemas fundamentales a resolver: el suficiente abastecimiento de este vital líquido, los graves problemas de contaminación de nuestros mantos y afluentes, pasando por la necesaria solución al grave problema de la pérdida de hasta el 57% del agua purificada debido a las malas condiciones del sistema de tuberías de distribución envejecidas y obsoletas, dos millones de personas sin alcantarillado y la reforestación de nuestras cuencas. Esta proyección constituye un reto más para el Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad y para todos nosotros, respecto al grado de conciencia sobre la importancia de promover, respetar y cuidar nuestro recurso hídrico.