Print Friendly
  • Es esencial llevar fuentes de empleo a todo el territorio para iniciar poco a poco una ruta de desarrollo que asegure la ampliación sostenida de la oferta laboral y equilibre las oportunidades.

Nuestra sociedad ha demostrado, en materia de desplazamientos y reasentamientos humanos, una extraordinaria capacidad de recuperación y mucha estoicidad ante las vicisitudes sufridas a lo largo de la historia; reconstruyendo una y otra vez sus bienes, sus lazos familiares y la misma convivencia comunitaria.

Hemos enfrentado terremotos que han cambiado radicalmente el perfil de nuestros pueblos y ciudades, generando reubicaciones y nuevos asientos poblacionales; tormentas tropicales que nos inundan una y otra vez, con las consecuentes pérdidas humanas, productivas y viales; guerras como la de 1969 con Honduras que para unos compatriotas generó bolsones de asentamientos –en hoy suelo extranjero- y para otros el abrupto retorno forzoso con las manos vacías, tras toda una vida de arduo trabajo; o el conflicto armado de los ochenta que se extendió por más de una década, con efectos y consecuencias ampliamente conocidos.

La adaptabilidad y sobrevivencia de los salvadoreños ha quedado ampliamente demostrada en eventos traumáticos tanto naturales como sociales. En el primero de los casos alteraron significativamente el territorio, el hábitat, gestando nuevos asentamientos humanos, precarios en la mayoría de casos, bajo la ausencia de políticas públicas que dieran una respuesta integral y sustentable. En casos muy aislados, el impacto de los acontecimientos dio inicio a programas de modernas ciudadelas residenciales para clase media, jugando un rol importante la remesa familiar para un segmento de la población que recibe este beneficio, producto del trabajo de familiares que decidieron el éxodo.

La constante migración interna y externa, y los retornos obligados han sido habituales a lo largo de la historia de nuestra sociedad, no solo por los fenómenos descritos sino también derivados de nuestras condiciones geográficas y sociales -estrechez territorial y sobrepoblación- y del modelo económico y social imperante que nos ha impuesto su ritmo y efectos, edificando un imperio unilateral como forma de desarrollo que privilegia el comercio, los servicios, las finanzas y la banca.

Esta modalidad de “progreso” cada día es más visible en alucinantes ventanas y cómodos espacios de modernos centros comerciales, que si bien a criterio de algunos embellecen nuestro entorno, como forma dominante de “avance” afectan nuestras capacidades productivas. Esto ha hecho del país un emporio significativo de crecimiento focalizado en las ciudades, principalmente en la capital, afectando al país en su conjunto.

Con mucha pasividad administraciones anteriores vieron deteriorarse la agricultura y las capacidades productivas año con año, al grado de tener que importar, desde esas épocas, la mayoría de alimentos y otros bienes de consumo primario.

Este crecimiento económico concentrado en las ciudades, sobre todo en San Salvador, atrae como la miel a un enjambre de familias y mano de obra, buscando desesperadamente empleo, contribuyendo con ello al crecimiento de enormes asentamientos humanos paupérrimos conformados por alrededor de medio millón de hogares; es decir, aproximadamente dos millones de personas viven en condiciones de pobreza en la periferia, líneas férreas, márgenes de carreteras, y en los visibles cordones de miseria a lo largo de quebradas ríos y barrancos de la accidentada topografía urbana que ante la frustración de no encontrar trabajo –sin si quiera soñar con una remuneración digna-, con suerte engrosan las filas del sector informal.

Hoy, cuando la sociedad y las fuerzas políticas hacemos causa común en la aplicación de las estrategias y planes de consenso para superar la crisis de criminalidad que sufrimos, y a partir de la necesaria combinación, expuesta por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, de la represión ante el combate del delito, la prevención para salvar a nuestra infancia y juventud y la reinserción para acelerar la desarticulación de los grupos criminales; urgimos un compromiso de país que acelere las condiciones de inversión en el todo el territorio, principalmente en las iniciativas vinculadas a la generación de empleo de manera inmediata. En este esfuerzo será necesario combinar los financiamientos de la cooperación internacional, así como la inversión privada y un debate serio sobre la reforma fiscal y el éxodo de capitales nacionales hacia paraísos fiscales.

Es esencial llevar fuentes de empleo a todo el territorio para iniciar poco a poco una ruta de desarrollo que asegure la ampliación sostenida de la oferta laboral y equilibre las oportunidades para incidir en la mejora de condiciones de los asentamientos humanos, principalmente en el acceso a terrenos para viviendas, saneamiento, alimentación y agua que permita, tal como lo estableciera la Sala de lo Constitucional en su sentencia de amparo en el proceso 513-2012, un “nivel de vida idóneo para el desarrollo de la persona humana y necesario para el respeto de su dignidad”, condición básica para la vida humana digna que al menos todos los salvadoreños honestos y trabajadores merecen.