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El Gobierno de la República, en virtud de la carta firmada el 22 de febrero de 2019 por Cynthia Huger, funcionaria de la Corporación Reto del Milenio (MCC), la cual ha sido divulgada por distintos medios de comunicación, expresa a la sociedad salvadoreña.

1. Nos sorprende que la publicación de esta carta ocurra en los momentos que el país vive un proceso de transición al nuevo gobierno, tomando en cuenta que el contenido al que hace referencia se ha discutido ampliamente con la MCC, a lo que se suma que los datos no son recientes, sino que corresponden al año 2017.

2. La carta publicada consigna información sobre los Indicadores Mundiales de Gobernabilidad que año con año realiza el Banco Mundial con data de un año anterior. Es decir, que la información a la que hace referencia fue publicada el 21 de septiembre de 2018, tomando la data del año 2017, tal como se constata en los documentos oficiales del Banco Mundial sobre estos índices.

3. Es importante considerar que este indicador mide PERCEPCIÓN de la corrupción, dimensionando la conciencia que existe socialmente sobre este problema. No significa que haya más corrupción, pero sí evidencia cómo se percibe el combate de la misma desde el Estado.

4. La experiencia indica que la judicialización de casos de altos funcionarios genera un efecto de mayor percepción de la corrupción, como ha ocurrido en los últimos años con las investigaciones y procesos judiciales a los ex presidentes Francisco Flores, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes. Contrariamente, los indicadores muestran una mejor percepción sobre la corrupción en los años en que fueron cometidos los delitos denunciados, esto debido a que lo que se mide es la PERCEPCIÓN.

5. Como gobierno mantenemos esfuerzos inéditos relativos a la transparencia, la apertura de la información oficial y la plena colaboración con las autoridades referidas a casos de corrupción ocurridos en administraciones pasadas.

6. En nuestra gestión se mantiene el compromiso porque no se vuelva a las prácticas que evidenciaron gobiernos anteriores, siendo la lucha contra la corrupción una de nuestras principales prioridades, misma que debe ser también asumida y promovida desde los otros órganos del Estado, el Ministerio Público y los gobiernos locales.

San Salvador, 6 de marzo de 2019.