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Permítanme antes de dar lectura a mis palabras, referirme a algo que he estado reflexionando todos estos días y que me ha permitido entender que este país tiene la capacidad de salir adelante, en este país, no hay posibilidad de la indiferencia, porque es más fuerte la esperanza.

 

Cuando comencé a conversar con cada uno de los sectores, para ver cómo podíamos trabajar, partiendo de que mi gobierno es un gobierno dialogante, cómo podíamos encontrar respuesta y entender cuál es la problemática de cada sector, y a partir de ahí encontrar los temas comunes para trabajar conjuntamente.

 

Este acto para mí representa esa voluntad del pueblo salvadoreño que ahora está representado acá por todos los sectores, políticos, empresariales, trabajadores, intelectuales, periodistas, todos están acá representando al país,  y diciéndole a la nación es posible vencer la violencia en El Salvador, ese es el mensaje que transmite esta concentración que ahora tenemos acá. Y además contamos con el apoyo de la cooperación internacional.

 

Verdaderamente se los digo desde lo más profundo de mi corazón, gracias por esa actitud fraterna. Fraternidad significa vernos como hermanos, y como hermanos analizamos y dialogamos y nos entendemos, la fraternidad no desconoce las diferencias, por más diferencias que puedan tener y podamos tener, que son comunes en el ser humano, construimos una amistad fraterna, partiendo de que somos hermanos y como hermanos tenemos un espacio común, tenemos familia y que nos preocupa que esas comunidades estén amenazadas por la violencia.

 

Este es el mejor ejemplo que le vamos a dar al Secretario General de las Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon, de decirle que seguimos trabajando, porque la paz no se construye en 23 años, la paz se construye toda la vida y hay que luchar toda la vida por la paz, y eso es lo que estamos ahora demostrando acá, ese es el significado importante de este evento que está acá y es el mejor homenaje a los 23 años de los Acuerdos de Paz, que como bien decía Monseñor Rosa Chávez, la iglesia jugó un rol importantísimo en ser facilitador, y mi gobierno lo que quiere es ser facilitador, pero además ejecutor de lo que decida la sociedad, el gobierno dialogante significa asumir compromisos y liderar esos compromisos junto con el pueblo salvadoreño.

 

también quisiera decirles que como jefe de Estado he recibido el mensaje de su Santidad el Papa Francisco, que habla en sus mensaje de la jornada mundial por la paz, de tres elementos que están presentes acá, el mensaje se llama: No esclavos, sino hermanos. Y ahora estamos demostrando lo que el Papa Francisco dice en su mensaje, la enorme fuerza que tiene la fraternidad para construir soluciones en un país. Señala también en su mensaje que la violencia es una de las causas de la esclavitud, pero no solo reflexiona, sino llama a la humanidad,  a los jefes de Estado y a toda la sociedad a que tenemos que actuar, tenemos que romper con la indiferencia, y también establece lo que aquí ha expresado el señor Robert Valent, de que tenemos que actuar las instituciones, que hay que impulsar ese plan que ahora se nos presenta con los compromisos que tenemos como Estado en las instituciones, se necesita todo el tema de la prevención, se necesita también la protección de víctimas y la persecución judicial contra los responsables, si no actuamos las tres instituciones muy difícilmente vamos a hacer realidad esa voluntad que existe en el pueblo salvadoreño y son los que estamos ahora acá presentes todas las instituciones del Estado comprometidas.

 

Y finalmente, llama a la globalización de la fraternidad, llama a la globalización de la hermandad, de la solidaridad para enfrentar la globalización de la indiferencia.

 

Por eso es que me he detenido a hacer estas reflexiones, porque en este 23 aniversario de los Acuerdos, y con este mensaje del Papa Francisco, tenemos la fortaleza espiritual como país para hacer realidad este plan.

 

Es para mí  motivo de satisfacción y alegría recibir esta Primera Etapa de trabajo que ahora nos presenta el Consejo. Estas propuestas nos ayudarán a enriquecer y concretar el Plan Nacional de Seguridad para poder enfrentar el problema de la inseguridad.

 

Agradezco a todos los miembros del Consejo por su disposición, esfuerzo, capacidad y compromiso para llevar adelante este trabajo conjunto, respondiendo al llamado que nuestro país nos ha hecho en la lucha contra la violencia y el crimen.

 

De manera especial agradezco al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a la Organización de los Estados Americanos y a la Unión Europea por su asistencia técnica, así como a todos los países amigos que participan en el Consejo y acompañan este proceso.

 

Tal como lo establece nuestro Plan Quinquenal de Desarrollo, que esta semana presentamos al país, la seguridad ciudadana constituye una de las grandes prioridades y retos de nuestro Gobierno, porque la seguridad es parte del derecho a la vida y condición básica del desarrollo sostenible en nuestra ruta hacia la sociedad del Buen Vivir.

 

En tal sentido, nuestra concepción estructural del problema de seguridad implica buscar soluciones en otras áreas del quehacer económico y social. Por ello, he dado instrucciones para la búsqueda y el establecimiento de acuerdos en las referidas áreas mediante la conformación de estructuras similares.

 

Cuando convocamos a la creación de este Consejo, afirmamos que el problema de la inseguridad en nuestro país sí tiene solución, si trabajamos juntos, articulando esfuerzos por un interés común. Porque la seguridad es un tema de interés nacional, pero dejando claro y asumiendo nuestra responsabilidad fundamental como gobierno.

 

Por consiguiente, el principal objetivo del Consejo es cohesionar fuerzas, proyectos, capacidades y proponer y trabajar en el desarrollo de la estrategias y medidas en materia de seguridad, como resultado de su contacto con la población y sectores nacionales a través de la consulta y la participación ciudadana.

 

A partir de este esfuerzo, el Consejo ha elaborado el “Plan El Salvador Seguro”.

 

El amplio trabajo que el Consejo nos presenta este día es correspondido de parte del Gobierno de la República con todo el respaldo que se merece.

 

Ahora viene una etapa muy importante de ese esfuerzo articulado, la cual consiste en ejecutar y dar cumplimiento a esta propuesta que fortalece nuestro Sistema de Seguridad Ciudadana, dado que el combate a la inseguridad es nuestra principal prioridad y no admite demora alguna.

 

El pueblo salvadoreño cuenta con el compromiso de nuestro Gobierno de llevar adelante una adecuada gestión y ejecución de las propuestas que el Consejo de Seguridad nos entrega.

 

El cumplimiento de cada acción se logrará con la participación y el compromiso de todas las instituciones del Estado, de la ciudadanía y, por supuesto, con el acompañamiento de la comunidad internacional.

 

Quiero decirles también que en estos días, he conversado con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, con el Presidente de la Asamblea Legislativa y con el señor Fiscal, y hemos decidido trabajar coordinadamente en un esfuerzo inter órganos, cada uno asumiendo sus normas que le establece la Constitución, pero sí teniendo un rumbo común, no podemos andar dispersos los órganos del Estado.

Yo creo que este es un plan que cohesiona al Estado y que lo vamos a tomar, yo estoy seguro que tanto el Presidente de la Corte, como el de la Asamblea y el señor Fiscal, tomaremos este documento como el eje central de nuestra actuación para poner al Estado en función de este combate contra el crimen y contra la delincuencia.

 

Por ello estamos trabajando por mejorar la coordinación con la honorable Corte Suprema de Justicia y con la Fiscalía General de la República y la Presidencia de la Asamblea Legislativa, a fin de realizar un trabajo más articulado para llevar adelante con éxito el combate de la inseguridad ciudadana.

 

Como Presidente y responsable del Sistema de Seguridad Ciudadana, asumo las propuestas recibidas para avanzar en el más breve plazo posible en su concreción.

 

Una prioridad en nuestra proyección es la territorialización de las políticas económicas, sociales, específicamente de seguridad, y el fortalecimiento de la presencia del Estado en municipios y territorios desfavorecidos. Para tal fin, nombraré al más breve plazo a un Comisionado Presidencial para coordinar y cohesionar las instituciones y los programas gubernamentales en el territorio, comenzando en 6 municipios con mayor incidencia delincuencial.

 

Invito a la empresa privada, gobiernos locales, iglesias, partidos políticos, ONG’s y comunidades organizadas a sumarse a este esfuerzo para cambiar la vida de la gente en estos territorios y demostrar que sí podemos construir un país mejor.

 

Este año vamos a ampliar este accionar a los 50 municipios que ha priorizado el Consejo, convencidos que lograremos los recursos adicionales que son indispensables para ello, tal como lo plantea el mismo Consejo.

 

Desde el Ejecutivo insisto en la aprobación de los préstamos relacionados con este tema y que no han sido aprobados por la Asamblea Legislativa.

 

De la misma forma quiero sumar a esa solicitud un préstamo de 200 millones para prevención de la violencia que estamos negociando con el BID, el cual queremos poner a disposición del mecanismo financiero que está diseñando el Consejo para ejecutar este plan.

 

Junto con ello, presentaremos muy pronto una propuesta de reforma a la ley de telecomunicaciones para bloquear totalmente la señal de telefonía celular en los centros penales.

 

Mientras tanto, reitero el llamado a los operadores telefónicos para contribuir a evitar que se ordenen delitos desde las cárceles. Si todos y todas trabajamos juntos lo podemos lograr.

 

Será fundamental el seguimiento que el Consejo dé a cada una de las tareas planteadas puesto que, como dije, esta conformación de fuerzas que ahora se ha organizado, no tiene precedentes en el país.

 

Al celebrarse mañana el veintitrés aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, es preciso recordar que los salvadoreños y salvadoreñas conocemos muy bien el valor de la voluntad, del diálogo y de la construcción de acuerdos.

 

Fue esa actitud de apertura la que nos permitió dar un paso firme y sin precedentes hacia la  democracia. Ese mismo espíritu y compromiso debe continuar guiándonos en los nuevos desafíos que enfrentamos como nación.

 

Hoy volvemos a comprobar los beneficios del esfuerzo compartido. Estas propuestas que recibo son el sentir del país.

 

Porque cuando ponemos en el centro los intereses del país, ¡podemos lograr lo que nos proponemos!

 

Al recibir esta propuesta quiero convocar a toda la población a una gran movilización por la Paz y la Justicia y contra la inseguridad, para demostrarnos y demostrar al mundo que queremos y podemos construir EL SALVADOR PRODUCTIVO, EDUCADO Y SEGURO.

 

Propongo, por lo tanto, y desde ya solicito al Consejo que defina un día del próximo mes de febrero, para que todos y todas nos movilicemos vistiendo de blanco.

 

Debe ser un día de asueto, en el cual todo el país convierta las calles de San Salvador en un río blanco de esperanza acompañado por las campanas de todas las iglesias para decir SÍ PODEMOS Y LO LOGRAREMOS.

 

Muchas gracias a todos y todas. Que Dios nos bendiga.

 

 

 

ROBERT VALENT

REPRESENTANTE RESIDENTE DEL PNUD EN EL SALVADOR Y MIEMBRO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO  NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA.

 

Quiero dar inicio, agradeciendo por el honor que me confiere,  en representación de la secretaría técnica del Consejo Nacional de Seguridad  Ciudadana y Convivencia, compuesta por la  Unión Europea, la OEA y el PNUD que me digno  a representar; de presentar el Plan El Salvador  Seguro, fruto del compromiso  y el arduo trabajo de sus integrantes.

 

Hace tres meses el Consejo dio inicio a su trabajo a partir de la convocatoria  hecha por el Presidente de la República a los diferentes sectores de la sociedad, compuesto por instituciones del Estado, COMURES, iglesias, medios de comunicación, empresa privada, partidos políticos, miembros de la sociedad civil  y de la comunidad internacional; el Consejo fijó su objetivo  estratégico en promover  y facilitar el diálogo y la concertación alrededor de las políticas  públicas relacionadas con la  justicia, la seguridad ciudadana y la convivencia, procurando el logro y subscripción  de acuerdos.

 

Sobre la base de las buenas prácticas desarrolladas y tomando en consideración propuestas realizadas por  diferentes sectores en diferentes momentos de la historia reciente, el Consejo se propuso orientar su  trabajo en el corto plazo hacia la definición  de acciones prioritarias y urgentes que contribuyan a la solución de  la problemática de inseguridad, violencia y criminalidad que  afectan a las comunidades.

 

Tres meses después y tras un intenso trabajo, se ha articulado un solo plan, de carácter integral y flexible, que consta de 124 acciones prioritarias y urgentes de corto, mediano y largo plazo, para enfrentar la violencia y la criminalidad, garantizar el acceso a la justicia y la atención  y protección a víctimas.

 

Este es el Plan El Salvador Seguro, estructurado  a partir de los cinco ejes de la Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia.El Plan contiene un diagnóstico compartido  de la situación de seguridad en el país, a partir del cual se identifican los principales problemas, se definen  resultados esperados y estrategias para  su abordaje y las  acciones urgentes y prioritarias.

 

Cada acción contempla una definición de metas, estimación de costos y un plazo para su ejecución, previendo resultados concretos en lo inmediato, en seis meses; a corto plazo, dos años; a mediano plazo cinco años y a largo plazo 10 años.

 

Finalmente, el Plan determina las instituciones responsables  de la realización de las  acciones definidas. La ejecución y seguimiento del Plan El Salvador estará a cargo del Estado a través del Ejecutivo, la Asamblea  Legislativa, el Órgano  Judicial, el ministerio  público y los gobiernos locales en asocio con las iglesias, la empresa privada, las organizaciones  de la sociedad civil  y la comunidad internacional.

 

A manera de ejemplo, me permito compartir con ustedes algunas de las acciones que han sido definidas así como sus costos, tiempos estimados e instituciones  responsables. Estos ejemplos, son tomados del documento que hoy se entrega  que contempla  el resto de acciones identificadas.

 

Para el eje  de prevención de la violencia:

 

Acción I: Impulso del empleo juvenil, con una  perspectiva de género. Meta: 250 mil personas jóvenes adicionales empleadas de las cuales un mínimo  de 30% han de ser mujeres.

Inversión adicional requerida: 500 millones de dólares americanos. Esto se basa sobre 2 mil dólares por joven  de inversión por cada año contemplado en el plazo.  Periodo: 5 años. Responsables: Estado, Empresa Privada  y Cooperación  Internacional.

 

Acción II: Incremento de la presencia del Estado en municipios prioritarios identificados como los más violentos con servicios de prevención de violencia, atención a las familias, atención en crisis, atención a víctimas y rehabilitación, ampliación de espacios públicos, fortalecimiento de iniciativas y programas de  Policía Comunitaria, sociales, recreativos, deportivos y culturales en asocio con los entes territoriales. Meta: 50 municipios con mayor presencia del Estado.

Inversión adicional requerida: 250 millones de  dólares  americanos; periodo: 5 años. Responsables: Ministerio de  Justicia y Seguridad  Pública, Salud, Previsión Social, educación, alcaldías  municipales, Policía Nacional Civil, iglesias, organizaciones no gubernamentales y comunidades organizadas.

 

Para el eje de Control y Persecución Penal:

 

Acción I: Implementar  un mecanismo de coordinación  permanente entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil para la toma de decisiones  estratégicas  y la elaboración de planes de trabajo para la investigación criminal, desarrollo organizacional, recursos humanos, priorización de casos, creación de equipos interinstitucionales especializados, entrenamiento, etc. Meta: Incremento del  30 por ciento de los casos judicializados por homicidios, feminicidio, extorsiones y agrupaciones ilícitas; inversión adicional requerida: no se requiere inversión específica. Periodo: 2 años. Responsable: Fiscalía General de la República y  Policía Nacional Civil.

 

Acción II: Traslado de personas privadas de libertad considerando la distribución de acuerdo a la peligrosidad y a la  fase de cumplimiento de pena. Meta: 2 mil 500 personas privadas  de libertad, trasladadas  y reubicadas.

Inversión requerida:no se requiere inversión específica. Periodo: 2 años; responsable: Dirección General de Centros Penales.

 

Para el eje de rehabilitación y reinserción:

 

Acción I: Desarrollar programas productivos y educativos en los centros penitenciarios y de inserción social en  alianza  con la empresa privada e instituciones educativas, ampliando  el alcance del programa Yo Cambio. Meta: 90 por ciento  de la población privada de libertad participa  del programa Yo Cambio. Inversión adicional requerida: 55 millones de dólares para remodelación de infraestructura, equipamiento e inversión por persona. Periodo: 5 años; responsable: Dirección  General de Centros Penales.

 

Acción II: Mejorar la infraestructura de centros de privación de libertad. Meta: 12 mil  800 personas privadas de libertad en  siete centros  cumplen las penas en condiciones que posibilitan su rehabilitación; inversión adicional: 38 millones de  dólares; periodo: 3 años; responsable: Dirección General de Centros Penales.

 

Para el eje de  atención y protección a víctimas:

 

Acción I: Mejorar  las capacidades y habilitación de infraestructura en hospitales públicos para la atención  de víctimas de violencia con énfasis en violencia sexual. Meta: Personal Médico y administrativo de 14 hospitales cuentan con capacitación permanente, equipo, suministro, infraestructura hospitalaria adecuada para la atención a víctimas. Inversión  adicional: 30 millones de dólares; periodo: 5 años, responsable: Ministerio de Salud y Asistencia Social.

 

Acción II: Habilitación de centros de  acogida, albergues y casas de protección para víctimas y testigos. Meta: 4 mil  nuevo cupos disponibles; inversión adicional:  12 millones de dólares; periodo: 5 años; responsable: Órgano Ejecutivo.

 

Para el eje de fortalecimiento institucional:

 

Acción I: Revisar y reformar el marco legal e institucional en materia  de seguridad y justicia, con visión de sistema integrado y con perspectiva territorial. Meta: Marco  legal e institucional  articulado  y coordinado; inversión adicional: 100  mil dólares; periodo: 1 año; responsable: Unidad  Técnica Ejecutiva  del Sector de Justicia.

 

Acción II: Establecer un número único interinstitucional de expediente de victimización. Meta: Sistema  Nacional de Registro Único en funcionamiento; inversión adicional requerida: 100 mil dólares; período: un año; responsable: Fiscalía General de la República y Órgano  Judicial.

 

Como dije anteriormente,  las acciones que he mencionado  son solo algunos ejemplos de las acciones  identificadas y contenidas en el plan; en total se trata de 124 acciones contenidas en el documento que hoy se entregan y que les invitamos a leer a profundidad.

 

A partir de este primer ejercicio de  definición de acciones y  costos, se calcula que para la implementación del Plan se requiere como mínimo y para los  próximos 5 años, alrededor de 2 mil millones de dólares adicionales a los  recursos  que ya se invierten por los diferentes sectores de la sociedad:empresa privada, iglesias,  organizaciones no gubernamentales, cooperación  internacional y supuestamente el Estado.

 

Actualmente el presupuesto  de ejecución anual de los Órganos de Estado supera los mil millones de dólares; si a esto se añaden los recursos de la empresa privada, a  título de responsabilidad  social empresarial, estimado en 190 millones de dólares,  y lo de la cooperación internacional de aproximadamente de 70 millones de dólares, el total que El Salvador invierte en estos momentos es de un mil 280 millones de dólares anuales, lo que equivale a 5.3 por ciento del Producto Interno Bruto.

 

Así, tomando en  cuenta que el Plan  El Salvador Seguro requiera adicionalmente de 420  millones de dólares anualmente por los próximos cinco años, equivalente a un punto siete por ciento  del PIB, para contribuir de manera decidida a la solución de la problemática de la violencia en seguridad se requiere invertir aproximadamente un mil 700 millones  de dólares al año, es decir, pasar a invertir un 7 por ciento del Producto Interno Bruto.

 

Por otra parte, llamo su atención a que del total de los recursos adicionales identificados, el 74 por ciento se destinan a la prevención, es decir alrededor de un mil  500 millones de dólares; asimismo, llamo su atención a que de estos  mil 500 millones el  52 por ciento se focalizan en empleo y educación aproximadamente 800 millones de  dólares.

 

El presupuesto identificado se financiará a partir de recursos adicionales del Presupuesto General de la Nación, préstamos que se encuentran en procesos de ratificación por parte de la  Asamblea Legislativa, nuevos préstamos a gestionar, contribuciones privadas y aporte  de la cooperación internacional.

 

Quiero ser especialmente enfático en manifestar que los  recursos adicionales son para la realización  de las acciones identificadas en el plan, no para pagar al  consejo y a sus miembros. Sus integrantes trabajan ad honoren lo que lo  hace aún más loable.

 

Asimismo, quiero destacar que los recursos adicionales, están orientados tanto a beneficiar directamente  a la población a través de acciones de prevención, así como  el fortalecimiento de las instituciones responsables de la persecución penal, Fiscalía General de la República y Policía Nacional Civil.

 

Si bien el plan es de alcance nacional, en virtud del diagnóstico realizado, en un primer momento se hará una focalización en 50 municipios identificados como de intervención prioritaria, dicha focalización será seguida de un proceso graduado orientado a la implementación de las diferentes acciones identificadas en la totalidad del territorio nacional en los casos que corresponda.

 

Pudiera parecer que hoy en este evento en el que el Consejo presenta su plan de recomendaciones se acaba su labor; pero no es así, más bien esta es la conclusión de la primera etapa de las labores del Consejo: a partir de hoy el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia asumirá la trascendente responsabilidad de dar seguimiento y hacer contraloría a la ejecución de las acciones contenida en el plan por parte de las entidades responsables, verificando periódicamente el logro de los resultados establecidos y evaluando su contribución a la solución de la problemática de la inseguridad, violencia y criminalidad que afectan a las comunidades.

 

Señor Presidente, señoras y señores, con lo anterior he procurado sintetizar el contenido del Plan El Salvador Seguro, por lo que espero haber podido transmitir no solo el contenido del mismo, sino el espíritu que encierra, la cohesión, armonía y buena disposición mostrada por los miembros del Consejo, de las que como secretaría técnica hemos tenido el honor de ser testigo, ha permitido conjuntar a todos los sectores de la vida nacional, hacia un mismo objetivo, habiendo logrado por la primera vez en la historia reciente del país un plan realmente consensuado e integrado, un muy importante primer paso que lleve al país hacia la superación definitiva de los niveles de violencia e inseguridad que padece el país.

 

Este mismo espíritu es el que debe mantenerse durante la implementación y la evaluación del plan para garantizar el logro de los resultados propuestos.

 

Quiero por tanto, reconocer el trabajo de todas y todos los miembros del Consejo, pastores, padres, reverendos, empresarias y empresarios, periodistas, funcionarias y funcionarios públicos, su buena voluntad, desempeño y espíritu constructivo ha sido admirables.

 

De forma especial, quiero reconocer el trabajo del señor Secretario de Gobernabilidad y Comunicaciones, don Franzi HatoHasbún, quien con su compromiso, habilidades y liderazgo ha sido fundamental para correlacionar la fuerza de todas y todos los que integran el Consejo, concretizando la visión del señor Presidente de la República, habilitando el diálogo y procurando el consenso entre todas y todos nosotros.

 

Señoras y señores consejeros, ha sido un honor trabajar junto a ustedes en esta primera fase de esta empresa trascendental para el futuro de El Salvador.

 

Finalmente quiero reconocer y agradecer el enorme esfuerzo cometido por todas y todos los colegas de los equipos técnicos del gobierno y de la secretaría técnica, que han trabajado incansablemente durante días y noches, sin su empeño este momento tampoco hubiese sido posible, nuestros mayores agradecimientos.

 

Les animo a seguir perseverando en la ruta del diálogo y con ello a seguir correlacionando fuerzas en procura de una mejor calidad de vida para todas y todos los salvadoreños, aquellas y aquellos que día a día superan obstáculos inimaginables para procurar hacer realidad sus sueños, ayudémosles a hacerlo realidad.

 

Muchas gracias a todas y a todos.