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Pasada la Semana Santa, oportunidad óptima para la reflexión, estamos a tres semanas del primero de mayo, momento del traspaso de mando de más de un tercio de los gobiernos municipales o el inicio de nuevo periodo para los que continúan.

El Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia concluyó que entre las causas de la violencia están la exclusión, la vulnerabilidad social, los patrones culturales, la debilidad de las instituciones del Estado, la falta de visión compartida sobre el tratamiento del problema y la dispersión de iniciativas intergubernamentales. A la base está, en síntesis, la ausencia del Estado por décadas en diversos territorios y la falta de empoderamiento de la ciudadanía en sus comunidades, predominando grupos delincuenciales que generan violencia y miedo, produciendo con ello pérdida de libertades, calidad de vida y convivencia armónica entre la población. Por lo que si el municipio es el eslabón del Estado más cercano entre gobernantes y gobernados, donde ediles y concejales se ven a los ojos y se escuchan mutuamente, un municipalismo fuerte puede contribuir a la superación del problema de violencia del país.

Las municipalidades son instituciones muy antiguas, sus antecedentes se remontan a la fundación de la Villa de San Salvador por Don Pedro de Alvarado el primero de abril de 1525. Estaban orientadas al control de la producción y los tributos en las aldeas; transcurrieron muchos años para que adquirieran forma de cabildos y con ello se produjera la unión de la población de diversas haciendas, desde donde también se gestó y contribuyó a las ideas y movimientos independentistas de 1811. En esos años de herencia colonial estos ayuntamientos carecían de autonomía y se integraban por designación; no obstante ya eran el eslabón de contacto más cercano con los pobladores. 490 años han pasado.

Después de la independencia, el municipio, aparece en la primera Constitución de 1824, al referirse ésta a los límites intermunicipales, pero no fue hasta la Constitución de 1886 que se estableciera la elección popular para los concejos y su independencia de funciones. Este avance se truncó cuando el General Martínez en la Constitución impuesta en 1939 suprimió la elección popular y pasó al control político con la designación de los alcaldes. Con la caída del dictador en 1944 hay una apertura democrática; la reforma y Constituciones de 1945 y 1950 recuperan la autonomía municipal y el poder de los ciudadanos de elegir, respectivamente. La Constitución de 1983 agrega la autonomía técnica a la económica y administrativa, y la reciente reforma de Concejos Plurales reviste un valor incalculable al desarrollo de esta institución en cuanto le aporta mayor representatividad.

El municipalismo cuenta con un marco regulatorio que lo hace fuerte: el Código Municipal (1986), el ISDEM (1988), la ley del Fodes, el incremento en un 6% de las transferencias del Estado (1998) y la Ley de la Carrera Administrativa Municipal; con esto los municipios pueden cumplir sus funciones de desarrollar, ordenar y orientar a sus comunidades en aspectos relativos a la vida social, económica, política y cultural de sus vecinos. Permite, además del rol tradicional y necesario de la prestación y regulación de servicios, generar, promover y ejecutar políticas de desarrollo sustentable; así como el fomento de actividades productivas relacionadas con el desarrollo social y económico que aseguren generar condiciones y oportunidades para la multiplicación de fuentes de empleo y, con ello, mejorar la calidad de vida de la gente sobre principios de legalidad, eficiencia, eficacia y sobre todo transparencia.

Muchas municipalidades han avanzado en la conformación de microrregiones y asociaciones intermunicipales que contemplan planes de desarrollo regional o soluciones mancomunadas de servicios, lo que con la nueva ley de Concejos Plurales las convierte no solo en el escalón del Estado más cercano a la población, sino en una instancia plural que puede hacer del desarrollo local un tema de interés nacional. La normativa les dota de las herramientas necesarias para intervenir en cualquier asunto comunitario o municipal de carácter social, económico, cultural, religioso, cívico o educativo, a partir de mecanismos que van desde los comités de desarrollo local, las ADESCOS, las comisiones municipales, los cabildos abiertos hasta las consultas populares.

La municipalidad es la unidad política primaria del Estado administrativa e integralmente más vinculada a la población y desde donde diariamente podemos generar niveles de democracia participativa y trabajo voluntario comunitario. Si el objetivo es recuperar territorios debemos generar mecanismos de fortalecimiento e integración con el Estado para lograr las metas del bien común. Mucho puede contribuir en este enfoque un Ministerio de Gobernación como ente articulador dedicado fundamentalmente al acompañamiento del desarrollo local resultando esencial el trabajo coordinado con Comures y el Comisionado para la Seguridad. La superación de la violencia es el mayor reto para las posibilidades de desarrollo de cualquier proyecto de nación y los municipios deben protagonizarlo.