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Con fecha 6 de octubre, el Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, haciendo uso de sus atribuciones constitucionales devolvió vetado a la honorable Asamblea Legislativa el Decreto Legislativo No. 782, que contiene la Ley de Simplificación Administrativa.

 

El veto responde a la INCONVENIENCIA de dicha iniciativa para garantizar el buen funcionamiento de las instituciones que ya existen en esa materia y atendiendo la realidad financiera por la que atraviesa el Estado salvadoreño.

 

Entre los argumentos jurídicos que fundamentan la decisión presidencial están, en primer lugar, diferentes inconvenientes referidos a la creación del Instituto de Facilitación de Trámites, denominado INDEFACIL, como una institución autónoma adscrita a la Presidencia de la República.

 

INDEFACIL “difiere con las mejores prácticas internacionales y los compromisos internacionales asumidos por el Gobierno de El Salvador”, argumenta el Presidente.

 

Para dar cumplimiento a compromisos internacionales, como los asumidos en el marco de la Alianza para la Prosperidad, se creó el Organismo de Mejora Regulatoria (OMR) con el fin de fortalecer y concentrar en una institución la tarea de mejora regulatoria y simplificación de trámites, mientras que la creación de INDEFACIL busca únicamente vigilar la simplificación de trámites y la atención a los usuarios de la administración pública.

 

De esta manera, riñe con el compromiso del gobierno respecto a la promoción de la inversión y el empleo, a través de la mejora en el clima de negocios, porque crea una nueva institución pública y no incluye el análisis de la regulación dentro de las atribuciones detalladas en esa normativa.

 

Asimismo, el OMR cuenta con el respaldo de la Corporación del Reto del Milenio, que en el marco del convenio FOMILENIO II estableció como una “obligación para el Estado salvadoreño” crear una institución permanente, por ministerio de ley, facultada para el proceso de revisión y priorización regulatoria para mejorar el clima de inversiones.

 

En este marco, la propuesta de creación de INDEFACIL, afirma el Presidente, “contraría el compromiso asumido por el Estado y desaprovecha el respaldo brindado por la MCC a la iniciativa del OMR, a través de FOMILENIO II”.

 

El OMR fue creado por decreto ejecutivo y su consejo tomó protesta el 11 de diciembre de 2015 en un acto celebrado en Casa Presidencial dirigido por el Presidente Sánchez Cerén.

 

Este organismo es parte de las plataformas de diálogo público-privado impulsadas por FOMILENIO II,  y su consejo está conformado por cuatro miembros propietarios y cuatro suplentes del sector gubernamental, así como tres representantes propietarios y tres suplentes de gremiales empresariales.

 

Otro de los argumentos que fundamentan el veto son las facultades que se le confieren a INDEFACIL de aprobar normativas aplicables a toda la administración pública, “con lo cual afectaría el ordenamiento jurídico, dado que se convertiría en un legislador más del Estado y podría vulnerar la competencia de otras instituciones”.

 

Frente a la atribución de que INDEFACIL pueda pronunciar resoluciones administrativas, según lo contemplado en el decreto vetado, el Presidente considera generaría conflictos con instancias públicas que ya tienen responsabilidades en temas de facilitación de trámites, como el Ministerio de Economía, el OMR y el Comité de Facilitación de Comercio.

 

A la vez, el decreto vetado mandata la creación de nuevas unidades organizativas dentro de las instituciones públicas (unidades de atención al usuario y creación de ventanillas únicas), así como la disposición de recursos tecnológicos, lo cual requeriría la contratación de bienes, servicios y personal adicionales.

 

Esta situación contraviene “las medidas ordenadas por la  Honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, orientadas a evitar la aprobación de gastos que no guardan coherencia con la situación fiscal y financiera del Estado”.

 

El Presidente también consideró que el decreto vetado desarrolla un régimen sancionatorio que no satisface postulados esenciales del Derecho Administrativo Sancionador, pues al regular las infracciones no se efectúa una descripción precisa de las conductas que merecerían reproche, no se configura ningún procedimiento previo y apegado a Constitución para la imposición de las sanciones y se utiliza la reincidencia como criterio de agravación de las infracciones, lo que contraría la prohibición de doble juzgamiento o de múltiple persecución.

 

El presidente además anima a la honorable Asamblea Legislativa a avanzar en la discusión y búsqueda del consenso político para aprobar la Ley de Procedimientos Administrativos, presentada el 5 de diciembre de 2016 por el Ministerio de Economía, la cual busca asegurar los derechos de la persona frente a la administración pública y tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de las actuaciones de toda la administración pública y sus funcionarios, el ejercicio de la potestad normativa, así como los principios y garantías del procedimiento administrativo sancionador.

 

San Salvador, 7 de octubre de 2016