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  • El Ejecutivo se congratula de la respuesta favorable que han mostrado algunas empresas de telefonía, sin embargo permanecerá en constante vigilancia para que las mismas cumplan con el decreto aprobado, de lo contrario se aplicaran las sanciones correspondientes.  

El gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén actuará con firmeza y en el marco de la ley contra aquellas empresas telefónicas que no acaten las disposiciones establecidas en el decreto que contiene las Disposiciones Especiales Transitorias y Extraordinarias en los Centros Penitenciarios, Granjas Penitenciarias, Centros Intermedios y Centros Temporales de Reclusión.

En la entrevista Gobierno Informa, el portavoz del Ejecutivo, Eugenio Chicas, precisó que estas compañías deberán cooperar  ya sea “por voluntad o por la ley”, con el bloqueo de la señal telefónica en los centros penales.

“Creo que estamos ante un punto crucial, o estas empresas de telefonía se someten a lo que dicta la ley o tendrán que aceptar las consecuencias ¿por qué? Porque ya basta de tanto abuso contra la población”, dijo.

El secretario lamentó que pese a que la normativa es clara, las compañías telefónicas hicieron caso omiso a los llamados del gobierno para  contribuir con la seguridad del país, y valoraron más sus ganancias económicas que la tranquilidad de las familias salvadoreñas.

“Por qué las empresas no cumplen, porque es un gran negocio. De los teléfonos que se ha requisado dentro de los centros penitenciarios a los privados de libertad, hay teléfonos que se han encontrado con  mil dólares, 3 mil  dólares, 5 mil dólares y hasta con 20 mil dólares de saldo”, informó el funcionario.

Agregó que esta actitud ha sido “inescrupulosa” de parte de las empresas telefónicas.

“Yo creo que cualquier empresa decente puede revisar en su sistema cómo es que un teléfono tiene mil, dos mil, cinco mil dólares de saldo o 20 mil, o sea, aquí hay algo extraño, aquí hay algo raro, aquí está pasando algo irregular, pero no, las empresas se quedaron calladas”, manifestó.

Aseguró que con la entrada en vigor  de este decreto las empresas deberán eliminar la señal,  o de lo contrario  las autoridades en función tomarán las medidas respectivas.

Y es que el decreto, sancionado ayer por el presidente Sánchez Cerén, faculta al ministro de justicia y seguridad pública a realizar inspecciones en los alrededores de los centros penales para verificar si estas compañías están acatando la ley.

“Las inspecciones podrán ser en cualquier hora del día, ya los equipos especializados de la superintendencia de telecomunicaciones tienen los radios, los mecanismos especializados para supervisar”, explicó.

Para el vocero de la Presidencia, el decreto que obliga a las telefónicas a bloquear la señal en los centros penales debe ser permanente, ya que desde estos centros de reclusión es de donde se giran las órdenes de extorsión y asesinato contra muchos salvadoreños y salvadoreñas.

San Salvador, 02 de abril de 2016