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  • La Asamblea Legislativa deberá valorar la conveniencia de crear una comisión especial que investigue este caso que ha marcado la agenda mediática mundial.

 

 

El gobierno considera pertinente que la Fiscalía General de la República investigue de oficio y sin distinción alguna a los salvadoreños relacionados con la firma de abogados Mossack Fonseca, especialista en la creación de empresas “offshore” en paraísos fiscales.

 

El caso, investigado por un grupo internacional de periodistas, incluidos profesionales del periódico digital salvadoreño El Faro, reveló que unas 220 empresas salvadoreñas fueron creadas para clientes salvadoreños por esta firma panameña.

 

“Como gobierno creemos que de oficio lo debe asumir la Fiscalía General de la República porque es un tema que amerita una investigación para ver las implicaciones que tiene para nuestro país. Cierto que en Panamá crear ese tipo de mecanismo es legal, sin embargo en la comunidad financiera sabemos perfectamente que este tipo de mecanismos tiene tres objetivos muy claros”, dijo esta mañana el secretario de comunicaciones, Eugenio Chicas.

 

El portavoz del gobierno puntualizó en la entrevista El Salvador Ahora, transmitida por Radio Nacional y Canal 10, que los objetivos son: “generalmente esconder al verdadero dueño del dinero, o sea, cuando se crea este mecanismo, este tipo de subterfugio empresarial, lo que buscan generalmente es ocultar el verdadero dueño del dinero. En segundo lugar, ocultar el origen de los fondos. Y en tercer lugar, presumiblemente, en muchos casos, evadir impuestos”.

 

“Por lo tanto, por más legal que sea ese tipo de mecanismos en Panamá es necesario verlo a la luz de nuestra propia legislación para identificar qué ilícitos de esta naturaleza puedan haber sido cometidos. Creo que en, ese sentido, además de que la Fiscalía General de la República investigue este hecho, como sociedad debemos de documentarnos de qué es lo que ha sido publicado, cuales son la implicaciones que tiene”, expresó el funcionario.

 

Añadió que la Asamblea Legislativa tendrá que valorar “la pertinencia de conformar o no una comisión de investigación que revise las implicaciones de empresas, personas salvadoreñas -de cualquier condición ideológica- que se hayan involucrado en este tipo de mecanismos para verificar hasta dónde están en el rango de la legalidad o hasta dónde el mecanismo está sirviendo  para esconder al verdadero dueño del dinero, el origen de los fondos o la evasión fiscal”.

 

El secretario Chicas explicó que este tipo de mecanismos es utilizado, en muchos casos, por grupos criminales, en el tráfico de estupefacientes, para lavar dinero o por políticos corruptos para esconder capitales.

 

San Salvador, 5 de abril de 2016.