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  • El Ejecutivo considera que hay una actitud perversa de estas empresas telefónicas en lo que respecta al bloqueo de señal en los centros penitenciarios, incluidas acciones para hacer creer que el gobierno trata de afectar a población que está alejada de esos recintos.

 El gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén contactará a las casas matrices de las empresas telefónicas que no acaten las disposiciones establecidas en el decreto que contiene las Disposiciones Especiales Transitorias y Extraordinarias en los Centros Penitenciarios, Granjas Penitenciarias, Centros Intermedios y Centros Temporales de Reclusión.

 

Así lo informó hoy el secretario de comunicaciones de la presidencia, Eugenio Chicas, al asegurar que algunas empresas de telefonía no han bloqueado la señal en los centros penitenciarios, incumpliendo de esta forma con el decreto aprobado de forma unánime por la Asamblea Legislativa la semana pasada.

 

“Se iniciará con los procesos sancionatorios y en segundo lugar procede contactar directamente con las casas matrices de esas empresas de telefonía porque obviamente las estructuras locales parecieran defender otros intereses”, dijo el portavoz del gobierno en la entrevista El Salvador Ahora, transmitida por Canal 10 y Radio Nacional.

 

Para el secretario existe una actitud “mezquina” de parte de estas compañías, ya que algunas de ellas mantienen la señal en los centros penitenciarios, pero la han cortado en las comunidades cercanas afectando a la población usuaria.

 

“Observamos una actitud que podrían considerarse aviesa, mezquina, mal intencionada, de las empresas de telecomunicación; hay queja de que en ciudades como Gotera, como Zacatecoluca y otros, suspenden la señal de telefonía en los núcleos poblacionales y todavía persiste la señal en los centros penales”, dijo.

 

De acuerdo con el funcionario, con este proceder las empresas quieren afectar la imagen del gobierno ante la población, haciéndoles creer que las han privado de los servicios de telefonía por mandato del Ejecutivo.

 

Aseguró que las empresas actuaron de esta misma forma con la contribución especial para seguridad, donde aumentaron el costo a las recargas móviles que hacían los usuarios.

 

“¿Por qué lo hicieron? Porque con eso estaban creando un mecanismo de contradicción, de malestar de la población hacia las medidas gubernamentales, porque la gente creía que ese incremento era por la contribución especial y no era de ninguna manera así. Hoy de la misma forma suspenden estas empresa la señal en varios núcleos poblacionales y la gente cree que es por el bloqueo al centro penitenciario”, explicó.

 

Asimismo, aseguró que hay una actitud perversa de las compañías de telefonía al elevar la potencia de la señal en los centros penitenciarios, para que la misma pueda sobrepasar la capacidad de los bloqueadores instalados.

 

“En los siete centros penitenciarios donde hay pandillas colocamos los bloqueadores, pero nuestros bloqueadores no están armonizados con el rango de señal en el que transmiten las telefónicas y con la potencia a la que transmiten. La empresa de telefonía lo que hace es elevar la potencia y pasar sobre el bloqueador, elevando la potencia de su transmisión y eso afecta además la salud humana, en los núcleos poblacionales que están en el perímetro de las antenas”, explicó.

 

San Salvador, 5 de abril de 2016.