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El Gobierno ha desconectado 15 antenas telefónicas que emitían señal en las cercanías de las cárceles e incautado a privados de libertad 494 teléfonos celulares y 938 chips para estos aparatos.

Estas acciones se realizan para cortar totalmente la comunicación de líderes de pandillas con las estructuras criminales que operan en distintas zonas del país, como parte de las medidas que fueron propuestas por el presidente Salvador Sánchez Cerén y avaladas de forma unánime por la Asamblea Legislativa, una muestra de la unidad del país para resolver este problema.

 

La cifra fue revelada este día por el director general de centros penales, Rodil Hernández, en conferencia de prensa en la cárcel de Quezaltepeque, en la que también informó que entre el 29 de marzo y el 6 de abril se han realizado 10 requisas en los siete centros penitenciarios bajo emergencia.

 

Las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) con el apoyo del ejército también han registrado 1.119 viviendas ubicadas en las cercanías de estas cárceles para verificar la existencia de acciones ilícitas.

 

Los centros penales bajo estado de emergencia son los situados en Ciudad Barrios, San Francisco Gotera, Quezaltepeque, Cojutepeque, Izalco, Zacatecoluca y Chalatenango.

 

Entre las primeras  medidas extraordinarias que ejecuta el gobierno se contempló la suspensión de las visitas en estas cárceles, así como el traslado de 342 cabecillas de pandillas hacia una zona de total aislamiento y control del penal de Quezaltepeque.

 

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública anunció, por su parte, que estos mismos cabecillas serán trasladados desde mañana viernes al régimen especial de encierro en la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca, el cual garantiza el aislamiento, la incomunicación, la prohibición de las visitas íntimas y restricciones ambulatorias para los privados de libertad, entre otras medidas de control.

 

San Salvador, 7 de abril de 2016.