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El gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén está comprometido con el combate efectivo al delito de las extorsiones y espera la aprobación de una propuesta de ley que envío esta semana a la Asamblea Legislativa para enfrentar de manera más efectiva este problema de seguridad.

La Ley Especial Contra el Delito de la Extorsión establece una serie de disposiciones que ayudarán al Estado a ser más contundente en la lucha contra los extorsionistas, indicó en el programa Gobierno Informa el director de la Policía Nacional Civil (PNC), comisionado Mauricio Ramírez Landaverde.

La propuesta es “un cambio muy importante en el tratamiento de este delito en El Salvador”, dijo el director policial, al explicar que por la forma en que se está configurando -acompañado de amenazas, coacción y acoso a las víctimas y sus familiares- trasciende el simple delito contra el patrimonio individual de las personas.

“La ley especial implica la necesidad de que el Estado proteja otros bienes jurídicos, como la seguridad, la paz, la autonomía personal y el orden económico de país”, dijo el funcionario.

Añadió que las extorsiones son la principal fuente de financiamiento de los grupos delincuenciales y que la nueva ley establecerá el carácter oficioso del delito, sin denuncia de la víctima, y permitirá que “todo lo recabado por los investigadores policiales” constituya prueba en los procesos judiciales.

La propuesta también incluye la extinción del dominio de los bienes producto de las extorsiones y la obligación a las empresas telefónicas de bloquear sus señales en los centros penitenciarios, de donde se dirigen muchos casos de extorsión.

La propuesta también establecerá la posibilidad de que “grupos de personas o asociaciones” puedan denunciar del delito de forma colectiva, sin necesidad de que la víctima se enfrente en solitario a un proceso contra los extorsionistas, así como otras disposiciones para proteger la identidad de los demandantes.

San Salvador, 14 de febrero de 2015.