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La presidenta de la Defensoría para el Consumidor, Yanci Urbina, informó hoy que un grupo de establecimientos que comercian granos básicos no cumplen con los requisitos tributarios establecidos por la ley, situación comprobada a partir de las inspecciones que se realizan para frenar el aumento injustificado en los precios de productos como el frijol.

En la entrevista Gobierno Informa la funcionaria dijo que “al ocultar esta información, lógicamente también se derivan otra serie de prácticas que son ilícitas, como la no declaración del IVA, la no declaración de renta, que también constituyen infracciones al Código Tributario y pueden derivar tanto en sanciones de orden administrativo como de índole penal”.

La presidenta aseguró que la Defensoría para el Consumidor, en coordinación con otras instancias del Ejecutivo, mantiene inspecciones constantes sobre aquellos comerciantes que tienen la capacidad de influenciar y determinar el precio del frijol, con el fin de detectar oportunamente alguna práctica ilícita y aplicar las sanciones correspondientes.

“Estos proveedores están siendo monitoreados y en algunos casos están siendo fiscalizados, a fin de que encontremos cuál es ese artificio que ellos están realizando para incrementar el precio injustificadamente”, dijo la funcionaria.

Añadió que el “gobierno está tomando todas las medidas que nos lleven, por un lado a ordenar, transparentar el mercado, y a sancionar aquellas prácticas que sean contrarias a la ley y que tiendan a dañar la economía de la familia salvadoreña”.

Explicó que la institución realizó recientemente una fiscalización en la zona de Metapán, en Santa Ana, donde se encontró una bodega con sacos de maíz escondidas tras la fachada de una casa de habitación.

“Pertenece a un proveedor que no ha declarado esta bodega en el Misterio de Hacienda, y así como este hemos encontrado una serie de establecimientos en San Miguel, también en Santa Ana, es decir, en diferentes localidades, y en todos los casos, cuando encontramos este tipo de prácticas ilícitas, se está procediendo conforme a la ley”, aseguró.
San Salvador, 18 de febrero de 2015.