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El ministro de Agricultura y Ganadería, Orestes Ortez, anunció hoy que el gobierno iniciará pronto la compra de semillas de maíz y frijol que se entregan como parte de los paquetes agrícolas, un programa de vital importancia para garantizar la seguridad alimentaria de las familias salvadoreñas.

“Los 400 mil productores beneficiarios del paquete de maíz deben estar seguros que sí contarán con su paquete y los 200 mil productores de frijol rojo también recibirán el apoyo que siempre ha venido dando el gobierno para asegurar y mantener alto los niveles de producción”, dijo el funcionario en la entrevista El Salvador Ahora.

El titular de Agricultura explicó que los agricultores que soliciten este beneficio deberán ser productores de subsistencia, así como estar inscritos en el padrón que este Ministerio ha creado a través de la Dirección de Economía Agropecuaria.

Agregó que el año pasado, el gobierno invirtió alrededor de  $25 millones en la compra de paquetes agrícolas de maíz y frijol. “Es una cantidad importante de nuestros impuestos que se dedican a apoyar a los compatriotas de agricultura de subsistencia para generar estabilidad en la producción  de granos y la seguridad alimentaria y el combate al hambre”, aseguro Ortez.

Durante la entrevista, el funcionario se refirió además al tema de la especulación y acaparamiento en la comercialización del frijol, explicando que a partir de febrero entrará en vigencia un decreto ministerial basado en la Ley de Creación de la Dirección de Economía Agropecuaria.

“A través de este decreto se establecerá la obligación de los comerciantes de granos básicos de informar sus volúmenes de ventas, sus existencias, dónde están ubicadas sus bodegas, dónde son los centros principales donde ellos comercializan los productos”, dijo el titular de Agricultura.

Explicó que este decreto se trabajará conjuntamente con la Defensoría del Consumidor, y se aplicarán aquellas sanciones establecidas en la  Ley de Protección al Consumidor para los comerciantes que oculten o nieguen información considerada como fundamental para los intereses de la sociedad salvadoreña.

San Salvador, 27 de enero de 2015.