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El gobierno de la República está satisfecho con la declaratoria de las pandillas como grupos terroristas hecha por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en una sentencia emitida sobre cuatro demandas de inconstitucionalidad contra la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo.

 

“Es lo menos que podíamos esperar de un tema tan relevante para el país, como es el combate a la criminalidad, el combate a las pandillas. Creo que la lectura que la Sala ha hecho es un tema que todo mundo ya en el país lo venía leyendo”, afirmó el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, en la entrevista El Salvador Ahora, transmitida por la Televisión de El Salvador y Radio Nacional.

 

El vocero del gobierno coincidió en que estas estructuras criminales incurren en actos de terrorismo “desde el momento que atentan contra la sociedad, contra intereses de la sociedad, intereses del Estado y la familia”.

 

“Hemos visto por ejemplo afectaciones en el transporte público, en la convivencia comunitaria, presiones sobre el sistema educativo del país, afectación -por ejemplo- sobre las capacidades productivas del país, lo menos que podíamos esperar es una sentencia de esta naturaleza”, aseguró.

 

Agregó que esta declaratoria debe tener una repercusión inmediata en el sistema judicial, señalando que las estadísticas indican un porcentaje muy bajo, del 5%, de criminales detenidos que son procesados judicialmente.

 

“Esto es una situación deficiente para el enorme esfuerzo que realiza, por un lado la Fiscalía y por otro lado la Policía, para la misma ciudadanía que ha venido presionando en esa dirección”, dijo el secretario.

 

“Creo que con este paso (la declaratoria) la propia Sala de lo Constitucional está reivindicando una mora, un problema que ellos han venido teniendo como sistema de justicia”, agregó.

 

Insistió también en la necesidad de que en el órgano Judicial inicie un proceso de depuración de jueces, puesto que existen señalamientos desde distintos sectores, incluyendo la Policía y Fiscalía, sobre el desempeño de algunos aplicadores de la ley.

 

San Salvador, 25 de agosto de 2015.