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El gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén propone a la Asamblea Legislativa endurecer los castigos, acelerar los proceso de investigación y eliminar completamente los beneficios penitenciarios a aquellos delincuentes procesados por atacar a policías, soldados o a cualquier elemento de las instituciones relacionadas a la seguridad y el sistema de justicia.

En conferencia celebrada en Casa Presidencial, el vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, encargado del despacho presidencial, entregó al ministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara, el documento que plantea reformas legales, mismo que será entregado a la junta directiva de la Asamblea Legislativa a la 1.30 p.m.

Como parte de una respuesta contundente a los ataques contra elementos de seguridad, el vicepresidente Ortiz dijo que las reformas, relacionadas al Código Procesal Penal, buscan “garantizar y proteger la vida y el trabajo de nuestros miembros de la Policía Nacional Civil,  nuestros miembros de las fuerzas armadas que son los que hacen una tarea muy importante contra el crimen organizado protegiendo la vida de los salvadoreños”.

Asimismo, protegerán a los miembros del sistema penitenciario, fiscales y jueces, “todos aquellos que realizan tareas importantes en el marco de los procesos y la institucionalidad”, dijo el alto funcionario.

La iniciativa “busca castigar, endurecer y garantizar que ninguna acción, ningún crimen puede quedar impune o débilmente castigado. A nuestra Policía se le tiene que respetar y tenemos que asegurarnos de eso”.

Explicó que las reformas son disposiciones especiales que se propone estén vigentes por cinco años y buscan, en primer lugar, reducir los tiempos y procesos para la investigación y para la imposición de penas a todos aquellos involucrados en delitos de crimen organizado y de realización compleja.

Además, se propone “aplicar medidas severas en la detención provisional y en el cumplimiento de la condena,  a  aquellos que hayan estado involucrados en hechos o crímenes contra miembros de la Policía Nacional Civil, miembros de la Fuerza Armada, fiscales, jueces y miembros del sistema penitenciario”.

“No tendrán derechos de ningún beneficio penitenciario. Estarán totalmente aislados, incomunicados, sin derecho a visita íntima y serán remitidos a los centros de máxima seguridad”, anunció el Vicepresidente.

El vicepresidente Ortiz pidió en nombre del gobierno a los diputados de la Asamblea Legislativa incorporar a la plenaria de este día la discusión de esta propuesta y la aprobación con dispensa de trámite.

San Salvador, 21 de enero de 2015.