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La Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción y la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia realizan un esfuerzo conjunto para que los servidores públicos cumplan con la obligación de presentar sus declaraciones patrimoniales en la forma y tiempo correspondientes, de conformidad a los artículos 240 de la Constitución de la República y 3 de la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.

Según registros de la Sección de Probidad, actualizados por la Secretaría de Asuntos Jurídicos y Legislativos de la Presidencia de la República, existen a la fecha 90 titulares entrantes (Ministros, Viceministros, Secretarios de la Presidencia, Presidentes y Directores Ejecutivos de Instituciones Oficiales Autónomas) que deben cumplir con la obligación legal de presentar la Declaración Jurada de Patrimonio a más tardar el próximo 31 de julio, y 106 titulares salientes que deben cumplir con la referida obligación a mas tardar el 30 de julio de este mismo año.

En este sentido, el secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, Marcos Rodríguez,  informó que ayer se firmó un convenio de coordinación entre las diferentes instancias del Ejecutivo con el fin de alcanzar los objetivos de Estado en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.

“Estamos haciendo un anuncio de coordinación muy puntual entre esta Secretaría que presido y la Sección de Probidad en función de lograr que el mayor porcentaje de personas, funcionarios y empleados del poder Ejecutivo rindan su declaración de probidad antes del 31 de julio tal como mandata la ley”, dijo.

El Gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén, en coordinación con la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, hace un llamado a todos los titulares de los Ministerios y Entidades Oficiales Autónomas a que cumplan con dicha obligación antes del vencimiento de los plazos citados.

Asimismo, los exhorta a que junto con los Departamentos de Recursos Humanos de sus instituciones remitan informes actualizados a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia de los servidores públicos obligados a presentar las Declaraciones Juradas de Patrimonio, de conformidad al artículo 5 de la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.

Para facilitar la elaboración de dichas Declaraciones y la actualización de los Informes de Obligados, la Sección de Probidad pone a disposición de las personas interesadas el número telefónico 2271-8888 Ext.: 1108, 2010 y 2045; y la dirección de correo electrónico probidad.csj@gmail.com.

El Presidente de la República, a través de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos, ha girado las instrucciones necesarias para el cumplimiento de esta obligación.

En este marco, la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción establecerá comunicación con los titulares del Órgano Ejecutivo para el acompañamiento necesario, así como intercambiará información con la Sección de Probidad y presentará informes de cumplimiento al presidente Sánchez Cerén, quien ha establecido como compromiso principal ante el pueblo salvadoreño, el desarrollo de una gestión proba, austera y transparente.

“El propósito nuestro es cooperar para que todas las personas que deben declarar tengan el recordatorio y el apoyo necesario para hacer su declaración de probidad. Señalo la disposición total del gobierno del presidente Sánchez Cerén de hacer todo lo que esté en nuestras manos, para que la mayor cantidad de funcionarios y empleados cumplan con esta obligación legal”, dijo el secretario Rodríguez.

San Salvador, 15 de julio de 2014.