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Indudablemente la ejecución de esta sentencia abrirá nuevos escenarios producto de la acumulación de una deuda histórica que debería de motivar a un mayor acercamiento de todos los sectores con el afán de generar un clima de certidumbre y confianza.

He sostenido en diferentes espacios que El Salvador vive aún una larga y compleja -en ocasiones tortuosa- transición democrática. Las reacciones provocadas por las más recientes resoluciones de la Sala de lo Constitucional son muestra de ello. A las puertas de la conmemoración del 25 aniversario de la suscripción de los Acuerdos de Paz que desmontaron el conflicto armado y nos habilitaron la ruta para, por otros medios, continuar la tarea de transformar al país, cabe preguntarse: ¿Cuánto tiempo más puede durar esta conversión histórica y cuál es su límite?

Pienso que el tiempo depende de la superación total de las causas que originaron aquel conflicto: hay deudas en la superación de las precarias condiciones socioeconómicas aún existentes en el país, que baje del Olimpo y llegue hasta los mortales la acción de la justicia, que alcancemos niveles aceptables de armonía y convivencia social, expresadas en la consolidación del conjunto de instituciones que conforman el Estado.

Estas metas están condicionadas a la capacidad de asegurar la continuidad del espíritu y letra del Acuerdo de Paz; sobre todo, a la aplicación del método que abrió el camino de solución al conflicto, el diálogo. Este mecanismo se fundamentó en la amplitud, respeto y reconocimiento del peso de cada uno de los actores sociales y políticos, haciendo a un lado los intereses particulares y destacando el interés nacional. Así llegamos a Chapultepec.

Es loable la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía después de casi un cuarto de siglo de espera, desde su aprobación unilateral por el bloque legislativo conservador de aquella época. La emisión de esta ley fue un hecho que cualquier persona medianamente progresista, con verdadero sentido cristiano o con algún sentido de decencia y corrección, le reconocía como deshonesta. Esa ley de 1993, además de ser inconstitucional y cuyo pánico llevó a la derecha a aprobar el decreto 743 casi 20 años después, no surgió del proceso de negociación de los Acuerdos de Paz; más bien, fue un retroceso ampliamente denunciado por que reformó el instrumento legítimo convenido: la Ley de Reconciliación Nacional.

Sabemos que son incalculables los efectos, repercusiones y alcances de los procesos jurídicos derivadas de la inconstitucionalidad, así como la dimensión del conjunto de las reparaciones a las víctimas y sus familiares. Pero tarde o temprano la mayoría de países que vivieron un conflicto interno terminan enfrentándose con los hechos de su propia historia, así ha ocurrido en Argentina, Chile, Uruguay y Guatemala, entre otros.

Esto de ninguna forma debe empañar la imagen de la actual Fuerza Armada, institución renovada que surge del Acuerdo de Paz y con suficientes reconocimientos por su apego al nuevo marco democrático y constitucional del país. Indudablemente la ejecución de esta sentencia abrirá nuevos escenarios producto de la acumulación de una deuda histórica que debería de motivar a un mayor acercamiento de todos los sectores con el afán de generar un clima de certidumbre y confianza.

Todos sabemos que la efectividad del imperio de la justicia en el país ha dependido no solo de la constitucionalidad de las normas, sino principalmente de la escasa o nula capacidad y disposición fiscal de investigar a profundidad los crímenes y delitos, y de la ausencia de un sistema judicial efectivo que con valentía, compromiso de país y disposición, haga y aplique justicia. Muestra de ello es la enorme mora judicial, la incomprensible lentitud de los procesos de depuración en ese órgano de Estado y la evidente discrecionalidad y voluntarismo con los que en no pocas ocasiones la visceral Sala aplica justicia. Cualquier argumento puede servir, todo depende de los votos que concurran.

El momento es complejo, sobre todo cuando los mismos iluminados que nos deslumbran con esta sentencia, que personalmente no dudo en aplaudir, con la otra mano sistemáticamente deshacen y desmontan las capacidades gubernativas de disponer de recursos necesarios para enfrentar los agudos problemas nacionales, incluidas las responsabilidades que deriven del cumplimiento de sus mismas sentencias.

Hablemos en serio. Es necesario abordar paralelamente de manera objetiva las condiciones materiales disponibles del país. Los retos actuales de nuestra sociedad y de las nuevas generaciones son concretos. Mientras el país profundiza la ejecución de su agenda social -aun limitada para atender la responsabilidad constitucional del gobierno y del Estado-, elevar la productividad para generar nuevos empleos, seguir creciendo económicamente cuando su modesta expresión es insuficiente para el desarrollo, y continuar disminuyendo y solventando estratégicamente la crisis de inseguridad; son desafíos que también necesitan suficientes recursos y los que constantemente han sido cercenados por resoluciones de esta misma Sala.

En estas condiciones, si el plan El Salvador Educado tiene un costo de más de doce mil millones de dólares y el de seguridad más de dos mil millones, también lo deben tener las reparaciones para las víctimas –necesarias y justas– derivadas de la ejecución de esta sentencia, que tendrán un costo significativo para un Estado que ya ha venido dando pasos en acciones concretas. Si en serio hablamos de hacer justicia, no debemos olvidar estos pequeños –grandes- detalles.

Martes, 19 de julio de 2019