Indudablemente la ejecución de esta sentencia abrirá nuevos escenarios producto de la acumulación de una deuda histórica que deberÃa de motivar a un mayor acercamiento de todos los sectores con el afán de generar un clima de certidumbre y confianza.
He sostenido en diferentes espacios que El Salvador vive aún una larga y compleja -en ocasiones tortuosa- transición democrática. Las reacciones provocadas por las más recientes resoluciones de la Sala de lo Constitucional son muestra de ello. A las puertas de la conmemoración del 25 aniversario de la suscripción de los Acuerdos de Paz que desmontaron el conflicto armado y nos habilitaron la ruta para, por otros medios, continuar la tarea de transformar al paÃs, cabe preguntarse: ¿Cuánto tiempo más puede durar esta conversión histórica y cuál es su lÃmite?
Pienso que el tiempo depende de la superación total de las causas que originaron aquel conflicto: hay deudas en la superación de las precarias condiciones socioeconómicas aún existentes en el paÃs, que baje del Olimpo y llegue hasta los mortales la acción de la justicia, que alcancemos niveles aceptables de armonÃa y convivencia social, expresadas en la consolidación del conjunto de instituciones que conforman el Estado.
Estas metas están condicionadas a la capacidad de asegurar la continuidad del espÃritu y letra del Acuerdo de Paz; sobre todo, a la aplicación del método que abrió el camino de solución al conflicto, el diálogo. Este mecanismo se fundamentó en la amplitud, respeto y reconocimiento del peso de cada uno de los actores sociales y polÃticos, haciendo a un lado los intereses particulares y destacando el interés nacional. Asà llegamos a Chapultepec.
Es loable la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de AmnistÃa después de casi un cuarto de siglo de espera, desde su aprobación unilateral por el bloque legislativo conservador de aquella época. La emisión de esta ley fue un hecho que cualquier persona medianamente progresista, con verdadero sentido cristiano o con algún sentido de decencia y corrección, le reconocÃa como deshonesta. Esa ley de 1993, además de ser inconstitucional y cuyo pánico llevó a la derecha a aprobar el decreto 743 casi 20 años después, no surgió del proceso de negociación de los Acuerdos de Paz; más bien, fue un retroceso ampliamente denunciado por que reformó el instrumento legÃtimo convenido: la Ley de Reconciliación Nacional.
Sabemos que son incalculables los efectos, repercusiones y alcances de los procesos jurÃdicos derivadas de la inconstitucionalidad, asà como la dimensión del conjunto de las reparaciones a las vÃctimas y sus familiares. Pero tarde o temprano la mayorÃa de paÃses que vivieron un conflicto interno terminan enfrentándose con los hechos de su propia historia, asà ha ocurrido en Argentina, Chile, Uruguay y Guatemala, entre otros.
Esto de ninguna forma debe empañar la imagen de la actual Fuerza Armada, institución renovada que surge del Acuerdo de Paz y con suficientes reconocimientos por su apego al nuevo marco democrático y constitucional del paÃs. Indudablemente la ejecución de esta sentencia abrirá nuevos escenarios producto de la acumulación de una deuda histórica que deberÃa de motivar a un mayor acercamiento de todos los sectores con el afán de generar un clima de certidumbre y confianza.
Todos sabemos que la efectividad del imperio de la justicia en el paÃs ha dependido no solo de la constitucionalidad de las normas, sino principalmente de la escasa o nula capacidad y disposición fiscal de investigar a profundidad los crÃmenes y delitos, y de la ausencia de un sistema judicial efectivo que con valentÃa, compromiso de paÃs y disposición, haga y aplique justicia. Muestra de ello es la enorme mora judicial, la incomprensible lentitud de los procesos de depuración en ese órgano de Estado y la evidente discrecionalidad y voluntarismo con los que en no pocas ocasiones la visceral Sala aplica justicia. Cualquier argumento puede servir, todo depende de los votos que concurran.
El momento es complejo, sobre todo cuando los mismos iluminados que nos deslumbran con esta sentencia, que personalmente no dudo en aplaudir, con la otra mano sistemáticamente deshacen y desmontan las capacidades gubernativas de disponer de recursos necesarios para enfrentar los agudos problemas nacionales, incluidas las responsabilidades que deriven del cumplimiento de sus mismas sentencias.
Hablemos en serio. Es necesario abordar paralelamente de manera objetiva las condiciones materiales disponibles del paÃs. Los retos actuales de nuestra sociedad y de las nuevas generaciones son concretos. Mientras el paÃs profundiza la ejecución de su agenda social -aun limitada para atender la responsabilidad constitucional del gobierno y del Estado-, elevar la productividad para generar nuevos empleos, seguir creciendo económicamente cuando su modesta expresión es insuficiente para el desarrollo, y continuar disminuyendo y solventando estratégicamente la crisis de inseguridad; son desafÃos que también necesitan suficientes recursos y los que constantemente han sido cercenados por resoluciones de esta misma Sala.
En estas condiciones, si el plan El Salvador Educado tiene un costo de más de doce mil millones de dólares y el de seguridad más de dos mil millones, también lo deben tener las reparaciones para las vÃctimas –necesarias y justas– derivadas de la ejecución de esta sentencia, que tendrán un costo significativo para un Estado que ya ha venido dando pasos en acciones concretas. Si en serio hablamos de hacer justicia, no debemos olvidar estos pequeños –grandes- detalles.
Martes, 19 de julio de 2019
