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Ustedes han escuchado la palabra de estos ciudadanos y ciudadanas que tienen los mismos derechos que cualquier persona, pero que a lo largo de la historia del país han sido excluidos, excluidos de acceso a lo que toda persona humana tiene derecho.

Este día estamos reunidos para el lanzamiento de esta Política Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad, y para mí es un agrado y un compromiso que me acompañen los diferentes ministros, viceministros y presidentes de las diferentes instituciones del gobierno, porque este es un compromiso que asumimos con el país, con la nación, pero especialmente con las personas con discapacidad.

No podemos tampoco obviar de que se viene operando en el país una transformación, aunque sea lenta, pero es una transformación, en la cual el concepto de exclusión va dando apertura a un nuevo concepto, el concepto de la inclusión que es un concepto más adecuado a lo que el país necesita. Un gobierno y un Estado que asuma su responsabilidad con el ciudadano y con la ciudadana.

Por ello, desde el año 2000 se viene iniciando un proceso de reconocimiento de estos derechos de las personas con discapacidad. En el 2000 se aprobó la ley de equiparamiento de oportunidades para las personas con discapacidad, pero es a partir del 2009 que, con una visión más integral, una visión más amplia se comienza a trabajar por la verdadera inclusión y por lograr la atención integral de las personas con discapacidad.

Por eso nosotros ahora, responsablemente como gobierno asumimos este compromiso, sabemos que es un compromiso, sabemos que tenemos limitaciones financieras, limitaciones económicas, pero creemos que hay que trabajar con los recursos que se tienen, con las posibilidades que se tienen para hacer realidad esta atención integral a estas personas, que son seres humanos y son salvadoreños y salvadoreñas que tienen los mismos derechos que todas las personas.

Por ello, yo quiero darles muchas gracias por acompañarnos en este día tan significativo para el país, hoy damos un paso fundamental en función de la justicia social. Este día hacemos público el lanzamiento de la Política Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad, el instrumento que orientará el camino para que todas las instituciones públicas implementen acciones, programas y servicios que beneficien a la población con discapacidad.

Mi reconocimiento y compromiso a todas las personas con discapacidad de nuestro país. Pero especialmente también quiero hacer un reconocimiento a todas las familias, especialmente a las madres, yo conozco una madre que era mi vecina y que tiene un hijo tan especial, tan cariñoso, que tiene un enorme corazón y también me lo he encontrado en la escuela especial, él es un niño muy destacado, por eso sé el esfuerzo que tenemos que hacer todos, no solo el gobierno, sino también la familia y la sociedad, para lograr hacer realidad los plenos derechos de todas las personas con discapacidad.

Mi reconocimiento y compromiso a todas las personas con discapacidad en nuestro país, una población fuerte y valiente que a través de los años ha demostrado que, pese a todos los obstáculos que pueda haber en el camino, nada puede detener la voluntad del corazón y la reivindicación de sus derechos.

 

Históricamente, en El Salvador las personas con discapacidad se han enfrentado a la exclusión y discriminación por parte de la sociedad.

 

Ese entorno ha limitado la garantía de derechos fundamentales. Los prejuicios sociales y culturales han agudizado esta difícil situación. La salud, la educación, el empleo, la accesibilidad a los espacios públicos, la justicia y seguridad social, son sólo algunos de los derechos a los que la población con discapacidad no ha tenido el pleno acceso.

 

Fundamentalmente, las personas con discapacidad nos están diciendo: queremos oportunidades con igualdad y equidad en condiciones para una vida autónoma e independiente. El acceso al empleo es fundamental en este sentido. Este tema merece un verdadero acuerdo de nación que convoque a todos los sectores del país para equiparar las condiciones laborales y brindar oportunidades de empleos dignos.

 

Nuestro propósito como gobierno es hacer de El Salvador un país que respeta y asegura las oportunidades y derechos para las personas con discapacidad.

 

En el año 2009 inició una nueva forma de gobernar en El Salvador. Con una nueva visión pusimos en el centro a los grupos poblacionales históricamente olvidados.

 

La persona con discapacidad tomó el valor que siempre le correspondió en la sociedad y desde ahí iniciamos una serie de cambios concretos que están fortaleciendo una nueva dinámica social basada en el respeto, la solidaridad y la igualdad.

 

En mi gobierno nos hemos propuesto trabajar a la par de la población, buscando solución desde el enfoque de derechos, para que no haya más retrocesos, sino avances en materia de dignificación para las personas con discapacidad.

 

En este nuevo camino, iniciado en 2009, hemos mantenido una lucha contra la extrema discriminación que han experimentado por años las personas con discapacidad y sus familias.

 

Por eso ahora a través de todas las instituciones del gobierno estamos llevando adelante esta relación del Estado hacia esta población.

 

A través del Ministerio de Educación desarrollamos una política de educación inclusiva, cuando yo inicié como Ministro de Educación veíamos el vacío que había hacia personas con discapacidad hacia niños y niñas, que todavía son excluidos del sistema, y nos decidimos a trabajar por crear una política de educación inclusiva que cuenta además con el invaluable apoyo de la cooperación internacional y que nos está permitiendo hacer cambios sustanciales para que nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes gocen de su derecho a la educación en igualdad y equidad.

 

En el sistema educativo nacional hay más de 14 mil 368 estudiantes con discapacidad, según el censo escolar del 2015, que está recibiendo sus procesos de formación educativa en las escuelas regulares y para fortalecer esa inclusión el Ministerio ha dotado de recursos y materiales educativos que se ajustan a las necesidades de la población estudiantil.

 

Además, hay 33 mil 465 docentes que están recibiendo programas de formación pedagógica, que incluye formación para la inclusión educativa.

 

El Ministerio de Trabajo, igualmente ha realizado grandes esfuerzos en función de la autonomía económica de las personas con discapacidad.

 

Vale destacar el incremento al salario mínimo, en el que se han visto beneficiado personas con discapacidad.

 

Se han realizado ferias de empleo y brindado apoyo en la vinculación laboral a las personas con discapacidad y a las empresas que buscan contratar sus servicios.

 

Como gobierno estamos comprometido a velar para que se cumpla lo estipulado en la ley de equiparación de oportunidades que establece que las empresas deben contratar una persona con discapacidad por cada 25 personas que contratan.

 

Lo mismo debe de hacer en la función pública, en las instituciones públicas.

 

Hemos incorporado en todas nuestras comunicaciones parámetros de accesibilidad, asegurando así que a las personas sordas y ciegas se les brinde la información oficial de nuestras entidades públicas en formatos accesibles.

 

Siempre disponemos de un intérprete de lenguaje de señas y nuestros sitios web ahora son accesibles para personas que usan lector de pantalla. Es decir, personas ciegas y de baja visión acceden en igualdad de información pública.

 

Como gobierno que dialoga y trabaja junto a todos los sectores, consideramos que es fundamental que las infraestructuras de sus instituciones sean accesibles a las personas.

 

En otra área importante como la recreación ha habido un especial impulso por parte del Ministerio de Turismo para garantizar el derecho al esparcimiento del colectivo de personas con discapacidad.

 

Todos los hermosos centros turísticos cuentan con espacios para que las personas con discapacidad puedan hacer uso de esos servicios.

 

Con el Instituto Nacional de los Deportes, INDES, hemos mejorado de manera significativa las distintas instalaciones deportivas. Hemos consolidado y fortalecido la participación de las organizaciones deportivas de personas con discapacidad. Hoy cuentan con su propio presupuesto y espacios para el desarrollo deportivo y recreativo.

 

Por otra parte, derogamos el decreto del Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad, CONAIPD, que no permitía a la sociedad civil igualdad de participación y toma de decisiones sobre sus asuntos.

 

De esta forma, dimos vida a un CONAIPD fortalecido, con efectiva participación de la sociedad civil.

 

Ahora CONAIPD es el ente rector de la política que hoy oficializamos, en la que las personas con discapacidad tienen su real participación basada en la igualdad y equidad.

 

Esto es avanzar en democracia, reconocer que las personas con discapacidad tienen su propia voz, toman sus propias decisiones e inciden directamente en las grandes decisiones de país.

 

Ahora podemos encontrar a muchas personas con discapacidad trabajando en igualdad de condiciones en las diferentes entidades públicas, en puestos técnicos y profesionales.

 

Estos avances obtenidos nos demuestran que, para gobernar, además de voluntad política, se requiere participación, diálogo y coherencia. Sólo de esa manera podemos garantizar por igual a todos los ciudadanos sus derechos.

 

Amigos y amigas:

 

La Política Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad que hoy se presenta a todo el país ha sido elaborada por medio de una amplia consulta que ha involucrado a diversos sectores, como lo hemos hecho con todos los planes y políticas públicas de nuestro gobierno.

 

Además, dicho documento ha sido debidamente socializado y sometido a discusiones técnicas con representantes de organismos de personas con discapacidad e instituciones públicas.

 

Uno de los principales objetivos de la Política es “garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la revisión, actualización y adecuación de la legislación nacional en congruencia con la normativa internacional”.

 

Es fundamental avanzar hacia el acceso a la justicia, al derecho, a una completa igualdad y protección ante la ley.

 

Esta Política se propone, además, “Asegurar a las personas con discapacidad, acceso a los espacios de participación social y política, entorno físico, transporte, información y comunicaciones, en igualdad de condiciones con las demás personas”.

 

En resumen, esta política nos compromete como gobierno a promover y asegurar la atención integral en salud, educación, inserción laboral, protección social, cultura, recreación y deportes para las personas con discapacidad.

 

Los ejes transversales de esta política han sido diseñados y consultados a profundidad. Los temas prioritarios de la política que conducirán el trabajo gubernamental son los siguientes: atención integral, derechos humanos, equidad de género e inclusión.

 

A través de una adecuada implementación aseguraremos los derechos de las personas con discapacidad en todas sus dimensiones. Además, fortaleceremos las libertades y atributos inherentes a la dignidad de las personas con discapacidad.

 

Las grandes líneas estratégicas de esta política, están relacionadas con el Plan Quinquenal de Desarrollo, pero tenemos la certeza de que estas acciones se consolidarán y marcarán un rumbo determinado para los siguientes quinquenios.

 

En este momento en que hacemos pública esta política es muy significativa también, porque el pasado 3 de mayo se conmemoraban nueve años de la puesta en vigor de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

 

Muchos han sido los cambios alcanzados en los últimos años en nuestro país, pero este día damos un paso firme hacia su profundización y la conquista de nuevos logros para la población con discapacidad.

 

Le recuerdo que esta política será ejecutada por todas las entidades públicas, porque nuestro servicio se debe a la ciudadanía, una ciudadanía diversa, plural, que merece igualdad de derechos.

 

Pero es importante aclarar que la efectividad de esta política requerirá del compromiso de todos los sectores de la sociedad.

 

Por ello, instamos a generar espacios y oportunidades para el empleo, la educación, la recreación, el transporte, la vivienda, la información, la comunicación, el deporte y la cultura.

 

Es con el total compromiso de todos y todas que lograremos respetar y hacer cumplir los derechos que como ciudadanos y ciudadanas tienen las personas con discapacidad.

 

Muchas gracias por su atención.

 

SAN SALVADOR, 18 DE MAYO DE 2017