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Marcos Rodríguez, quien ha sido juramentado por el presidente Salvador Sánchez Cerén como Secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, resume con precisión el trabajo para los próximos años: Garantizar un gobierno honrado y cercano a la gente.

Es un trabajo que está finamente ligado con la eficiencia en la ejecución de los recursos y la austeridad, dos principios con los que el Gobierno está comprometido.
“La transparencia, la anticorrupción y la austeridad, son parte de un imaginario público en el que se dice ‘esta persona es honrada, entonces maneja los asuntos públicos en nuestro nombre,  y los maneja de manera honrada’”, asegura el Secretario Rodríguez en esta entrevista.

Un pacto por la transparencia en el que asuman responsabilidad todos los sectores sociales, la apertura de oficinas que orienten al ciudadano para hacer denuncias y un “compromiso programático” para la no prescripción de los casos de corrupción, son algunas de las apuestas en los temas de transparencia y combate a la corrupción que el funcionario apunta dentro de la labor que desempeñará la nueva Secretaría.

Estas son tareas que se conjugarán con el reto de consolidar la participación ciudadana en la gestión pública, una apuesta que se basa en el anuncio del Presidente de la República de abrir las puertas a todas las organizaciones civiles, independientemente de su signo ideológico.

No obstante, a este Gobierno le “preocupa especialmente la participación de los sectores más humildes de esta nación, porque son sectores que en general tienen menos recursos para hacer sentir su voz”, dice el funcionario.

¿Cuál es la misión que le ha encomendado el Presidente Sánchez Cerén al frente de esta nueva Secretaría?

_MG_0549Como lo dijo el Presidente en el discurso de toma de posesión, por un lado es subir el nivel, la importancia y el énfasis a la transparencia y a la anticorrupción; y por otro lado, reforzar la austeridad de los funcionarios públicos y poner en primer lugar la participación ciudadana.

La transparencia y la anticorrupción son muy importantes, pero nuestro proyecto político no se queda solamente en ver cómo el gobierno es más honrado y transparente frente a la ciudadanía, sino que trata también de encontrar el mecanismo para que la población se incorpore y sea parte de las políticas del gobierno. La transparencia es básicamente tener información, pero la información debe servir para que la participación de la gente en los espacios que abre el gobierno sea más calificada, no sea solo una demanda de proyectos, sino un mayor control sobre las actividades que hace el gobierno y también un mayor involucramiento de la ciudadanía en los proyectos y en las políticas públicas.

Sobre el refuerzo a la austeridad que menciona, ¿cómo se relacionan los temas que tiene bajo su responsabilidad -la participación, la transparencia y el combate a la corrupción- con la visión de un gobierno austero?

Si lo tuviéramos que decir de manera corta, el elemento clave es un gobierno honrado y cercano a la gente. La transparencia, la anticorrupción y la austeridad, son parte de un imaginario público en el que se dice “esta persona es honrada, entonces maneja los asuntos públicos en nuestro nombre,  y los maneja de manera honrada”.  Pero no solamente de manera honrada, porque desde un punto de vista conservador uno puede ser muy honesto, pero no le da participación a la gente.

Nosotros no compartimos este enfoque, hay un mandato para cinco años, pero ese mandato para nosotros consiste también en estar lo más vinculado posible a la gente, a sus problemas y a sus posibilidades no solo de control sino de aportar a la política.

Considerando que la transparencia y el combate a la corrupción son temas que cobraron impulso en el gobierno anterior, ¿cómo podría describir el punto de partida que encuentra esta gestión presidencial en esas áreas?

En cuanto a transparencia ha habido diferencias entre este gobierno y el anterior. A mí (como Subsecretario de Transparencia y Anticorrupción,  de 2009 a 2013) me tocó abrir el área de transparencia en el gobierno, no había prácticamente nada, no solo de los gobiernos anteriores en los últimos 20 años, sino de los 200 años de historia del país.

El gobierno del presidente (Mauricio) Funes, lo que dijo, básicamente, fue que la transparencia y la honradez del gobierno no radica solamente como responsabilidad en las instancias contraloras del Estado, sino también en una política proactiva: no solamente que me controlen, yo debo hacer lo posible para ser transparente y dar información.

Entonces se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública, se abrieron rendiciones de cuentas, se presentaron casos de corrupción a la fiscalía, etcétera.

En este caso, vamos a continuar con esa transparencia proactiva, abriendo ventanas para que la gente pueda observar al gobierno. Vamos a revisar las reservas que estaban establecidas por distintas instancias del  gobierno y la Presidencia de la República y en todos los casos que sea posible vamos a abrir la información.

También en transparencia, vamos a proponer un pacto nacional por la transparencia, porque pensamos que éticamente la transparencia es responsabilidad del gobierno, pero también es responsabilidad de todos los sectores de la sociedad.

Nosotros necesitamos empresarios que paguen efectivamente sus impuestos, necesitamos medios de comunicación que sean honrados y que den espacios cuando se han equivocado y señalar abiertamente que han cometido errores; necesitamos universidades y un mundo académico también más honrado. En el período anterior ya hubo algunas organizaciones empresariales que aprobaron sus propios códigos de ética, por ejemplo.

¿Cuál es el compromiso en cuanto al combate y denuncia de los casos de corrupción?

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Una iniciativa que va a tomar el gobierno, que pienso que es importante, es tratar en el marco del pacto de  la transparencia de abrir oficinas para de apoyo al demandante, o sea oficinas en distintos  lugares del país que apoyen a la gente cuando tiene demandas o quejas para efectivamente seguir el proceso correcto; generalmente, la gente con más recursos en este país tiene posibilidad de pagar un abogado, la gente más humilde generalmente no sabe lo que la ley les permite, y lo que pretendemos justamente es que el mayor elemento contralor del Estado sea la propia ciudadanía, y por lo tanto darles la asistencia y la información necesaria para que exijan el cumplimiento de la ley.

¿Se propondrá que no prescriban los casos de corrupción?

Ese es uno de los puntos que estamos analizando. Hay personas que dicen que implica una reforma constitucional, otros dicen que no;  pero sí, efectivamente, un compromiso programático de este gobierno es la no prescripción de los casos de corrupción.

De la misma forma, el Presidente ha sido bastante claro en dar directrices de austeridad y creo que en los próximos días es muy probable que haya movimientos institucionales -me refiero a lineamientos- que revisen cuestiones como salarios, prerrogativas, viáticos, de tal forma que todo el gobierno, independientemente de que sean instancias del Ejecutivo o instancias autónomas, se vaya ajustando a determinados parámetros.

¿Qué se va a hacer en materia de participación ciudadana?

Debe haber una discusión más amplia y pública de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, que dejó el gobierno del presidente Funes. Vamos a tratar de darle una rápida revisión y de actualizarla, si es posible incrementar su apertura a la participación de la gente, y existe también un borrador de Ley de Participación Ciudadana que pensamos que es una oportunidad, así como lo fue la Ley de Acceso a la Información Pública, para dar pasos institucionales adelante en este campo.

Para tener una idea más concreta, ¿cuál es la visión que se ha planteado este gobierno sobre la participación ciudadana en la gestión pública?

El mayor involucramiento posible de la gente, no solamente lo que va a hacer el gobierno sino hacer con el gobierno y evaluar los resultados obtenidos. Eso implica explorar distintos tipos de mecanismos, que se pueden garantizar mediante una política, mediante una ley, pero que también implica que todas las instancias del Ejecutivo, por su propia naturaleza, logren identificar cuáles son los sectores de la población  que están interesados en las competencias que le corresponden a dichas instituciones, y que hay mecanismos de  consulta, pero también de acción conjunta con sectores de la sociedad.

¿Cuál va a ser el criterio para este involucramiento de las organizaciones?

Este gobierno abre las puertas a todas las organizaciones civiles, independientemente de su signo ideológico, porque los derechos ciudadanos usted no los puede administrar discrecionalmente y decir quién tiene más y quién menos. En realidad, los derechos ciudadanos deben cruzar transversalmente la sociedad y todos tienen derecho a participar; ahora, lógicamente, no le corresponde a un funcionario, como ha sido en el pasado, evaluar el nivel de participación que va a tener una organización porque le gusten más o menos sus posiciones ideológicas.

Ahora, en términos generales, sí se puede decir que a nosotros nos preocupa especialmente la participación de los sectores más humildes de esta nación, ¿por qué?, porque son sectores que en general tienen menos recursos para hacer sentir su voz, mientras hay otros sectores que sí se pueden pagar abogados, pueden pagar periódicos. Creo que uno de los retos de las sociedad salvadoreña es fortalecer la fuerza de la voz de los sectores más humildes como decía Monseñor Romero, que era la voz de los sin voz.

Considerando todos los temas a cargo de la Secretaría que dirige ¿cuál es la aspiración a la vuelta de cinco años, al finalizar esta gestión?

Yo lo dije en diversas oportunidades, también cuando salí del gobierno anterior para participar en la construcción del programa de gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén y el Vicepresidente Oscar Ortiz: De lo que se trata es de pegarle otro jalón a la transparencia, a la anticorrupción y agregar la participación ciudadana.

Yo estoy claro que nada cambia de la noche a la mañana, pero eso no nos absuelve de hacer lo mejor de nuestra parte para que haya avances sustanciales en esta sociedad, y aunque hay problemas muy serios y quizás prioritarios para la gente –como puede ser el empleo y la seguridad–,  la participación, la transparencia y la anticorrupción corresponde más a cómo hacer las cosas que se deben hacer.

La corrupción generalmente no es que hay una persona mala que está escondida en el baño pensando qué se va a robar, sino que es un proceso progresivo de ventajas sobre el interés público para servirse un grupo de interés particular, entonces uno debe estar muy pendiente de ir atacando las causas que generan prácticas indebidas y de esa forma ir también cambiando la cultura de la gente y la confianza que tiene en el Estado como una entidad proba e imparcial.

Y sobre el tema de la participación ciudadana, ¿cuáles son las expectativas?

En este gobierno creo que nuestro mayor reto es velar porque todas las instancias dependientes del Ejecutivo efectivamente busquen maneras novedosas para que la gente sienta que el gobierno está no solo para trabajar para ellos, sino con ellos, porque la ciudadanía también  tiene una responsabilidad en la sociedad que tenemos, y al gobierno le corresponde abrirles oportunidades de participación y de responsabilidad. La gente cuida mucho más las cosas que ha hecho.

Buscar la forma para que eso se haga es una responsabilidad que el Presidente se ha tomado muy en serio, igual que el problema de la honestidad: No alcanza con ser honrado y transparente, también hay que ser un poco más austero.

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