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  •  El agua es un tema de interés nacional, el rumbo que lleve depende de la movilización activa de la población de todos los sectores y de la claridad de propósitos gubernamentales.

Una vez más Arena abandonó los mecanismos de entendimiento avanzados respecto a una Ley de Aguas y decide apostar por una iniciativa privatizadora y abusiva, que privilegia intereses económicos egoístas, pretendiendo marginar la participación ciudadana sobre tan importante asunto. Esto es otro retroceso, una aventura en la que arrastra al resto de partidos de derecha.

Este desvío enfrentó inmediatamente la firme postura de Monseñor José Luis Escobar Alas, quien con mucha claridad ha sostenido el acompañamiento de la Iglesia a la ciudadanía en su lucha por la defensa del derecho al agua y expresó claramente su oposición a cualquier intento de privatizar el servicio, defendiendo el derecho de la población a tener el vital líquido y siendo el Estado quien mantenga su administración.

El agua es un recurso fundamental para la existencia de todas las especies. A lo largo de la historia ha determinado la selección de los lugares para asentamientos humanos; es imprescindible en nuestra nutrición, base de la producción de alimentos, y garantiza una mejor salud, condiciones de vida y progreso. Según la sentencia de la Sala de lo Constitucional en el amparo 513-2012 el agua “al ser elemento básico para el mantenimiento del desarrollo del medio ambiente, así como para la existencia, salud y calidad de vida del ser humano, es indispensable para la satisfacción de las necesidades primarias del individuo y de aquellas otras que, sin serlo, propician la mejora de sus condiciones de existencia”.

De su adecuada gestión y manejo depende la efectividad de las políticas, programas y planes para enfrentar la pobreza, insalubridad, déficit nutricional, equidad de género, y facilidades para promover la educación. En síntesis, una vida digna para presentes y futuras generaciones depende del acceso al agua en calidad y cantidad suficiente para cubrir las necesidades básicas y el desarrollo sostenible.

El agua es un recurso finito, muy limitado; si bien es cierto que el 70 % del planeta está cubierto de este líquido, el 97 % es salino (mares y océanos) de difícil y costoso procesamiento para el consumo humano; solo un 3 % está disponible para el consumo, incluyendo a glaciares y polos en un 2 %, y únicamente el 1 % es parte de ríos, lagos, mantos subterráneos y el vapor concentrado en la atmósfera. Se estima que el 65 % se usa para riego agrícola, 25 % en la industria y un 10 % en lo doméstico y comercial.

En este sentido, la vulnerabilidad de nuestra especie es inmensa, sobre todo cuando arribamos a más de 6,200 millones de humanos en el planeta y somos responsables del crecimiento urbanístico desordenado, la contaminación de aguas, suelo y aire; de la implacable deforestación de bosques, del uso mercantilista del recurso hídrico y de su peligroso acaparamiento.

En estos últimos años hemos superado parte de la grave vulnerabilidad que siempre nos caracterizó, y nos llevó, en el 2009, al primer lugar tras décadas de abandono; hoy nos hemos situado con mucho trabajo y perseverancia interinstitucional en un lugar más seguro, el número catorce. Nuestro país sufre ya sea por sequía o exceso de lluvias, pérdidas y daños a la vida, a las viviendas, cosechas, y a la infraestructura pública como puentes, carreteras y obras de retención. Esto tiene efectos económicos que se acumulan en el tiempo, en detrimento del desarrollo; siempre nos estamos reconstruyendo.

Tenemos la obligación de abordar y resolver estratégicamente el agua en su dimensión local, municipal, departamental, nacional y regional desde la integración centroamericana. Se incrementan los conflictos legales, judiciales y de movilización popular, motivados en su importancia y efectos para la convivencia.

Después de once años de larga espera, es más urgente un cuerpo de ley integral y justo, que garantice una participación permanente de la ciudadanía, sobre todo desde la “gestión de los comités de cuencas”, garantizando el carácter público del manejo del agua, la sustentabilidad en su proyección, su perspectiva de género, y su dimensión en cuanto al derecho comunitario. El acceso de la colectividad a la misma no debe ser obstaculizado ni puesto en peligro, reza la Sentencia de la Sala de lo Constitucional ya citada.

Esa ley debe abordar temas como el agua potable y el saneamiento, sus mecanismos de protección y conservación, manejo de consecuencias y costos hidro-meteorológicos, riegos, agricultura, generación hidroeléctrica, proyección turística y recreativa, así como el uso sostenible de lagos, lagunas y humedales.

La piedra angular en el abordaje de tan complejo tema es la inclusión de los comités o consejos de cuenca en la discusión de cualquier iniciativa que pretenda un acuerdo. En el país existen actualmente más de dos mil trescientas juntas comunitarias para el manejo del agua potable, muchas de estas entidades asumen ya el manejo, protección y recuperación de las cuencas -independientes o inter conectadas, incluso con países vecinos desde donde se abastecen-. El agua es un tema de interés nacional, el rumbo que lleve depende de la movilización activa de la población de todos los sectores y de la claridad de propósitos gubernamentales.