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Los tres órganos del Estado, junto a la Fiscalía General de la República (FGR), evalúan un conjunto de medidas extraordinarias que se sumarán a las acciones que se implementan para frenar la ola de criminalidad en el país, aseguró el secretario de comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas.

 

“La discusión está en torno a la necesidad de responder con agilidad, con energía a la inquietud y demanda ciudadana debido a los crímenes que se han venido cometiendo en los últimos días”, aseguró el funcionario acerca de los acercamientos entre los presidentes del Ejecutivo, Salvador Sánchez Cerén, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Armando Pineda; la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, y el fiscal general, Douglas Meléndez, iniciados el pasado 7 de marzo y convocados por el jefe de Gobierno.

 

Informó que en el inicio de estos acercamientos se ha puesto sobre la mesa “los alcances y la modalidad que pudieran tener medidas excepcionales como la suspensión de garantías (constitucionales) o la declaración de emergencia nacional”.

 

“Una decisión de esa naturaleza tiene importantes implicaciones jurídicas, políticas, económicas, sociales, por lo tanto es un tema que debe de discutir a consciencia cada uno de los órganos del Estado”, acotó el portavoz presidencial.

 

Añadió que otros temas ventilados en este foro se centran en cómo reforzar los financiamientos en materia de seguridad y el fortalecimiento de los órganos de seguridad del Estado, principalmente la Policía Nacional Civil.

 

“La CSJ analiza la posibilidad de disponer de nuevos tribunales o de habilitar, en otro caso, tribunales que hoy no tienen contemplada el área penal para ampliarles al área penal, pero son temas que resolverá, analizará y decidirá la CSJ”, agregó.

 

Indicó también que la FGR está ampliando sus capacidades de investigación y que, por su parte, el gobierno analiza medidas relacionadas al incremento de la fuerza pública operativa, tanto de la policía como del ejército, en aquellas zonas consideradas como más críticas.

 

“Ninguna medida está orientada a afectar a la ciudadanía honrada, más bien cualquier política pública que se pueda adoptar está encaminada ofrecerle garantías a las familias salvadoreñas y a perseguir a los criminales”, subrayó el vocero de gobierno.

 

San Salvador, 8 de marzo de 2016.