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El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, anunció hoy una Ley Especial Contra el Delito de las Extorsiones, que endurece las penas de cárcel y contempla la aplicación de herramientas judiciales, como la incautación de bienes producto del delito y el bloqueo de las señales telefónicas para que cesen las llamadas ilegales desde los centros penales.

“La extorsión no solo afecta a la víctima, sino que afecta a toda la sociedad”, expresó el jefe de Estado al hacer el anuncio ante los medios de comunicación en Casa Presidencial junto al vicepresidente Oscar Ortiz, los funcionarios que integran el Gabinete de Seguridad y representantes del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC).

La propuesta de ley será presentada hoy mismo a la Asamblea Legislativa por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara, y en su artículo 1 establece que “tiene por objeto establecer regulaciones penales y procesales, así como medidas de índole administrativa para la prevención, investigación, enjuiciamiento y sanción penal del delito de extorsión, así como la pérdida del dominio de los bienes obtenidos ilícitamente, producto de dicho delito y otras actividades delictivas conexas.”

“Todos los bienes que se obtienen a través de la extorsión son ilícitos y por lo tanto creemos que se debe perder el dominio”, dijo el mandatario al explicar uno de los principales componentes de la propuesta.

Resaltó como un objetivo importante de la nueva ley detener totalmente las extorsiones desde las cárceles, por lo que la propuesta contempla multas a las empresas telefónicas que no bloquen sus señales hasta por 1,2 millones de dólares, y en caso de reincidir la suspensión de la concesión para usar el espectro radioeléctrico.

“Las extorsiones, por ahora, son el delito que más golpea al país, golpea a la productividad y a las familias”, expresó el jefe del Gobierno.

El secretario de Asuntos Jurídicos y Legislativos de la Presidencial, Rubén Alvarado, explicó que la propuesta de ley parte de un nuevo enfoque sobre el tratamiento del delito, pues este no afecta solo a la víctima, sino que está afectando a la sociedad salvadoreña en su conjunto.

“Es un delito que nutre al crimen organizado, a las pandillas, y permite financiar a este tipo de delincuentes”, expresó el funcionario.

Remarcó que se propone la investigación de oficio y una serie de elementos para hacer más eficaz la investigación, por lo que esta ley especial, al ser aprobada por la Asamblea Legislativa, será “una herramienta efectiva para el combate de las extorsiones”.

San Salvador, 10 de febrero de 2015.