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El presidente Salvador Sánchez Cerén vetó el decreto Legislativo número 978 aprobado el pasado 9 de abril por la Asamblea Legislativa, el cual contiene una interpretación auténtica a las reglas establecidas en los literales d) y e) del artículo 219 del Código Electoral.

Dicho decreto establece que debe “interpretarse auténticamente las reglas contenidas en los referidos literales, en el sentido de que todos los partidos políticos o coaliciones tienen derecho a participar en la distribución de los regidores o regidoras propietarios en forma proporcional ya sea por cociente o residuo electoral”.

En el documento, este órgano Legislativo explica que la forma en que están redactadas las reglas descritas en dichos literales, da lugar a varias interpretaciones, lo cual podría ser una causa legal para promover proceso de amparos o de inconstitucionalidad por parte de los partidos o coaliciones que se sientan agraviados.

Ante esto, el mandatario precisó que devuelve vetado dicho decreto, ya que el artículo 131, ordinal quinto de la Constitución de la República, establece dentro de las atribuciones de la Asamblea Legislativa, la de interpretar auténticamente las leyes secundarias, potestad que efectúa a través de las denominadas leyes interpretativas.

De acuerdo con el jefe de Estado, esta leyes tienen un objeto específico o concreto que es el “señalar el sentido en que debe entenderse una ley que ya se encuentra vigente, y dicha interpretación tiene el mismo carácter obligatorio que le corresponde a la disposición interpretada”.

Asimismo, explicó que el inciso segundo del artículo 1 del Decreto Legislativo indica que la interpretación auténtica “queda incorporada al Código Electoral”.

Expresa además que en definitiva el Decreto Legislativo Número 978, intenta establecer una regla no contenida en las letras d) y e) del artículo 219 del Código Electoral, con lo que resulta que en propiedad no hay interpretación de la ley sino creación de una nueva disposición, afectándose con ello el principio de irretroactividad de la ley como una concreción de la seguridad jurídica.

San Salvador, 8 de mayo de 2015.