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 La propuesta gubernamental con las primeras medidas extraordinarias para combatir la ola de criminalidad llegará en menos de 48 horas a la Asamblea Legislativa, como parte de un conjunto de acciones que se presentarán e implementarán sucesivamente.

 

Así lo informó hoy el secretario de comunicaciones, Eugenio Chicas, al destacar que el gobierno se siente optimista de que las iniciativas contarán con el respaldo de todas las bancadas legislativas.

 

“La seguridad y el combate frontal a la criminalidad es un tema de primer orden que debe generar unidad nacional”, dijo el vocero del gobierno en la entrevista El Salvador Ahora.

 

“(La seguridad) no es un tema que debiera de abordarse desde la perspectiva partidaria e ideológica, sino un tema de unidad nacional en el que tenemos que coincidir obligatoriamente todos los sectores para respaldar la seguridad del pueblo salvadoreño”, reiteró.

 

El secretario resaltó que la instrucción del presidente Salvador Sánchez Cerén es que las medidas contempladas en la propuesta se mantengan en reserva hasta que sean presentadas al seno legislativo, aunque aseguró que ninguna afectará los derechos de la población honrada.

 

“El presidente ha sido claro de que lo extraordinario de estas medidas no estaban encaminadas de ninguna manera a poner un estado de excepción en el país, porque eso afectaría a la población, por lo tanto ninguna de  las medidas va en esa dirección”, manifestó.

 

El portavoz del Ejecutivo adelantó que se establecerán mayores restricciones al régimen penitenciario, amparadas en el cumplimiento irrestricto de las leyes secundarias y la Constitución de la República.

 

“Es públicamente conocido que los centros penitenciarios han estado en el ojo del huracán, que son antros desde donde han surgido órdenes mediante las cuales se han multiplicado los crímenes en el país. Por lo tanto, las medidas efectivamente van  orientadas a salvaguardar a la población, a imponer ciertas restricciones en el sistema penitenciario que deben estar objetivamente amparadas en el rango constitucional”, dijo el funcionario.

 

Explicó que “el Estado no es punitivo, sino lo que busca tal cual lo ha ordenado el presidente es perseguir a los criminales y aplicar la ley, no es un problema de venganza (…) si bien debe haber un uso enérgico de los recursos del Estado para imponer seguridad, este debe ser racional, sin excesos, y el presidente ha dispuesto que la propia institucionalidad sea garante”, explicó el secretario Chicas.

 

San Salvador, 29 de marzo  de 2016.