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Es destacado el espacio mediático ocupado por la compleja situación fiscal del país. Este debate ha sido estimulado y reorientado con los aportes de dos eventos desarrollados recientemente, con énfasis diferentes.

Por un lado, en el encuentro titulado “Tributación para un crecimiento inclusivo” de OXFAM El Salvador junto con la Comisión Económica para América Latina de la CEPAL, se expusieron las enormes desigualdades existentes en materia económica en estos 21000 kilómetros cuadrados, producto de una exacerbada concentración de la riqueza, marcada por un sistema tributario regresivo, en el que al final, porcentualmente a su ingreso, terminan aportando más impuestos los pobres, los que menos tienen.

Por el otro, la consulta del artículo IV del FMI para realizar el análisis periódico correspondiente a las economías de sus países miembros, con presencia de representantes del Banco Mundial, giró sobre su preocupación del estado macroeconómico del país por el incremento de la deuda pública con estos organismos financieros, expresándonos inquietud por el aumento del déficit fiscal y el riesgo latente de una situación de crisis, derivada de un posible incumplimiento de nuestras obligaciones de pago por préstamos adquiridos con ellos mismos.

“El problema fiscal” del país radica en la insuficiencia de recursos financieros del gobierno para cumplir con sus obligaciones constitucionales y de las que por décadas gobiernos anteriores no se hicieron cargo. Para muchos de los que concentran la riqueza -diversos estudios afirman que tenemos 160 millonarios en El Salvador-, la solución es sencilla: recortar los gastos gubernamentales, reducir el aparato del Estado -despidiendo empleados públicos-, y disminuir, y si es posible eliminar, los “innecesarios” subsidios que otorga el gobierno a los sectores más vulnerables y pobres. En pocas palabras cercenar útiles escolares, vasos de leche, transporte público, gas propano, pensión básica al adulto mayor y el subsidio para quienes consumen menos de 99kwh de energía eléctrica, ente otros.

Quienes así opinan no toman en cuenta que ya el presupuesto nacional es uno de los más reducidos de la región centroamericana y que el aparato estatal es uno de los más pequeños en relación a la cantidad de población y a la creciente demanda de servicios de salud, educación y seguridad pública.

Otro enfoque, en la búsqueda de una solución socialmente y constitucionalmente factible, conlleva implementar una justa reforma tributaria, progresiva, en la que paguen más los que más tienen, los que más perciben e implica una reforma legal que cierre espacios a la evasión y elusión fiscal que alcanza el 30 por ciento de la tributación, es decir entre $1500 y $1700 millones anuales. Parte de la fórmula también es la urgente reforma del sistema de pensiones que agrava la deuda del país con más del 2 por ciento del PIB.

Es obvio que con la polarización política, ideológica, económica y de ubicación social, hay perspectivas diferentes para la solución de la crisis fiscal cuando debería haber coincidencias en razón de lograr el objeto común: un mayor nivel de prosperidad nacional, pero sobre todo para quienes menos tienen. La condición no deseada de un impago de la deuda externa, por falta de aprobación legislativa de los 1200 millones de dólares en bonos, solicitada por el ministro de hacienda, afectaría la calificación a nuestra economía por las calificadoras de riesgo, impactando el clima de negocios especialmente del sector financiero, cerrando importantes fuentes de recursos para el Estado que actualmente están en proceso de desembolso y perturbando sensiblemente la proyección de nuestras metas de crecimiento económico.

Desde otra perspectiva, la falta de solución de esta crisis, con una adecuada reforma tributaria derivada de un acuerdo político, afecta marcadamente el acierto de los 17 compromisos del país en la ineludible consecución de las metas y objetivos del milenio. Poner fin a la extrema pobreza hambre cero, ampliar la matriz energética con el acceso a energías limpias y renovables; adecuarnos al cambio climático y recuperar nuestro medio ambiente, invertir más en salud y en la calidad y ampliación de la cobertura educativa; asegurar la igualdad de género y reducir toda forma de desigualdad; proporcionar acceso y cuido del agua potable son más que aspiraciones, son obligaciones en proceso de ejecución de un Estado con sus ciudadanos y su cumplimiento es irrenunciable.

Es innegable que la gestión del presupuesto nacional amerita mayor eficiencia y eficacia, y que se deben adoptar medidas adicionales de austeridad; pero es más cierto que el origen del clima de inseguridad del país y la falta de crecimiento económico están relacionadas a las condiciones de exclusión y marginación que a lo largo de decenios han imperado en nuestra sociedad y que, por ello, el país necesita ampliar y profundizar su agenda social, mediante un acuerdo fiscal que ponga fin a la impunidad tributaria como condición indispensable para la estabilidad política, la superación del clima de inseguridad y el desarrollo integral de El Salvador.

Martes, 26 de julio de 2016