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La solución es posible mediante una expresa voluntad política que trascienda los intereses grupales y partidarios, poniendo por encima el interés de nación.

Es inobjetable que nuestro país enfrenta una crisis de liquidez en la caja única del tesoro público, lo que amerita dedicar ingentes esfuerzos para comprender el origen del problema, y sobre todo, articular todos los necesarios para construir una solución debidamente articulada.

El problema estructural es de larguísima data, por lo que deben corregirse los factores que han generado por décadas el desequilibrio de las finanzas públicas desde los gobiernos anteriores: proyectar ingresos sobreestimados que resultan insuficientes al final del ejercicio y por debajo de los gastos reales efectuados por el estado -en buen cristiano, gastamos más de lo que ingresamos; alta vulnerabilidad a las fluctuaciones al alza de las tasas de interés en los mercados financieros por la dolarización; insostenibilidad de un sistema de pensiones indebidamente privatizado, sin financiamiento claramente establecido, con muy poca base de cotizantes y agravada con una informalidad galopante. Esta deuda previsional se multiplica de manera exponencial cada año, en acelerado detrimento de las finanzas públicas.

Agreguemos a lo expuesto, nuestro insuficiente crecimiento económico en relación a las demandas de una sociedad joven que exige cada vez más recursos, programas y muchas oportunidades para su realización; el modelo económico impuesto al país en el último cuarto de siglo bajo una economía limitada a servicios, comercio, banca y finanzas, que dejó de lado la productividad agrícola, industrial y agroindustrial como factor principal de crecimiento y desarrollo. Quedamos totalmente vulnerables ante la expansión de bloques de países con economías globalizadas con mayor acceso a financiamientos, recursos, ciencia y tecnología, bajo el amparo y protección de tratados comerciales hechos a su semejanza e intereses. Además, como si fuera poco, fuimos dolarizados, gracia que significa de manera optimista haber sido reducidos al mínimo de margen de maniobra financiera como país y sin política monetaria.

Tanto el problema histórico que acarreamos del déficit fiscal en menores ingresos versus mayor gasto en cada ejercicio presupuestario, como la falta de un crecimiento económico superior, se agravan por la falta de una cultura tributaria progresiva, expresada en la alta evasión y elusión fiscal, sumiéndonos en una escasa tributación que apenas llega al 15.8 % en relación al PIB, mientras el mínimo necesario ronda el 22 % para países como el nuestro. Esto nos imposibilita como país asumir con celeridad el cumplimiento de los compromisos y retos del milenio adoptados en Naciones Unidas, y los propios en materia de seguridad. Sin superar la evasión y elusión serán lentos los resultados para superar la extrema pobreza y alcanzar los umbrales del desarrollo.

Además de los factores históricos, otros determinantes en el escenario financiero son un buen número de sentencias y resoluciones de la Sala de lo Constitucional que han recortado importantes ingresos para el financiamiento de distintos programas, entre ellos los de seguridad pública; y el bloqueo de 495 millones en créditos para el desarrollo por falta de apoyo del principal partido de oposición.

Frente a este escenario, en los últimos días parece haberse impuesto la racionalidad de buscar en los mecanismos del diálogo y la negociación, propuestos por el gobierno, la búsqueda de acuerdos concretos que frenen la posibilidad del riesgo de un impago, amenaza que puede convertir una crisis coyuntural en una debacle estructural que generaría mayor retraso al país. La solución es posible mediante una expresa voluntad política que trascienda los intereses grupales y partidarios, poniendo por encima el interés de nación. En este camino es muy importante la metodología para sostener mesas permanentes que aborden simultáneamente las diferentes temáticas, asumir un clima de distensión que propicie el ambiente conveniente para arribar a un acuerdo antes de fin de año, y sobre todo, evitar la tentación de mezclar el debate público con intenciones electoreras. Si bien es clara la mayor responsabilidad tanto de nuestro gobierno y partido, como del principal partido opositor, también será necesario asegurar las mesas necesarias que incluyan de manera paralela los diálogos con el resto de fuerzas políticas con representación legislativa.

Los principales temas para alcanzar acuerdos están en la mesa y son perfectamente conocidos: aprobar a la brevedad una emisiones de títulos valores hasta por $1,200 millones que aseguren pagar deuda de corto plazo y el urgente pago a proveedores; una ley de responsabilidad fiscal en el marco de la constitucionalidad del país que se convierta en una herramienta que asegure una mejor ejecución presupuestaria; acordar un ajuste, que sin comprometer el crecimiento económico, permita el saneamiento de las finanzas públicas mediante el recorte del gasto y asegurar mayores ingresos; así como ejecutar un ajuste presupuestario, que recortando bienes y servicios, no ponga en riesgo la ejecución y ampliación de los principales programas sociales.

Simultáneamente, es urgente construir un acuerdo que reforme el actual sistema de pensiones, asegurando su sostenibilidad, y promover un compromiso que contribuya al crecimiento económico del país asegurando generar más empleo y oportunidades para el futuro. Entonces, queda claro que no queda otro camino para este país que ponerse de acuerdo.

Martes, 11 de octubre de 2016