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  • El gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén inició esta semana la segunda fase de aplicación de las medidas extraordinarias en las penitenciarías, un paso más para logar el control total de estos centros desde donde se ordenaban crímenes.

 

Tras los alentadores resultados de las primeras medidas extraordinarias aplicadas en los centros penales, las autoridades de seguridad iniciaron esta semana una segunda fase que comprende más acciones de control y construcción de infraestructura que permitirá bajar los niveles de hacinamiento y la mejor clasificación de los internos, según su peligrosidad.

 

“La primera fase nos ha dado resultados positivos, hemos dado cumplimiento a las medidas ordenadas en cuanto a la prohibición de visitas, el confinamiento de los privados de libertad, la restricción de su libertad ambulatoria dentro de los centros penitenciarios, la prohibición de su salidas, audiencias y otras diligencias judiciales”, detalló en conferencia de prensa realizada en Casa Presidencial el ministro de justicia y seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde.

 

Resaltó que “los resultados están a la vista, la tendencia en la reducción de homicidios se mantiene, se ha logrado cerrar en un porcentaje muy significativo la posibilidad de la comunicación desde y hacia los penales del país”.

 

Advirtió que la segunda fase de las acciones da respuesta a “la búsqueda de la criminalidad por restablecer por cualquier medio posible esa comunicación”.

 

Explicó que se iniciará la habilitación de la nueva infraestructura penitenciaria, que será posible con los fondos provenientes de los 152 millones de dólares en bonos aprobados por la Asamblea Legislativa. De estos recursos se ejecutarán 100 millones este año, tras la aprobación legislativa del presupuesto extraordinario.

 

“Con ello vamos a iniciar próximamente la construcción de dos proyectos importantes: el primero es el centro temporal de reclusión aledaño al centro penitenciario La Esperanza, conocido como Mariona; y el otro es la construcción de espacios para celdas de aislamientos, en las cuales las cabezas y aquellos sujetos más peligrosos puedan ser conducidos para que cumplan en ellos el régimen especial penitenciario”, aseguró.

 

Las autoridades habilitarán estas celdas especiales en los centros penitenciarios de Mariona, Quezaltepeque, Izalco y Ciudad Barrios.

 

“Estamos ya haciendo los traslados en el marco de las medidas extraordinarias, sin embargo el centro penitenciario de Zacatecoluca está prácticamente a toda su capacidad. Es necesario entonces habilitar otros espacios para este fin”, dijo el ministro.

 

Añadió que la habilitación de esta nueva infraestructura, junto con la apertura, este mismo año, de una fase más en el complejo penitenciario de Izalco, contribuirá a resolver dos de los problemas de fondos que ha tenido el sistema.

 

“El primero es el hacinamiento y el segundo es la clasificación. La clasificación, que de acuerdo a las disposiciones que se tomaron hace años, prácticamente originó que existieran penales por pandilla, vamos a cambiar esa situación”, aseguró Ramírez Landaverde.

 

Explicó que la “distribución de los privados de libertad en el sistema va a responder a criterios técnicos legales como su condición penitenciaria, su perfil delincuencial, su evaluación psicológica, entre otros”.

 

Igualmente, el resto de acciones van encaminadas al tráfico de telecomunicaciones. “Hemos atacado en la primera fase la comunicación por telefonía celular. Sin embargo, hemos estado dando seguimiento a la existencia dentro del sistema penitenciario, en algunos de los penales, de señal de internet, que no se origina a través de las antenas instaladas por los operadores de redes de telefonía celular, sino que corresponden a servicios residenciales o de establecimientos”, dijo el funcionario.

 

En ese sentido, se realizarán las mediciones permanentes que permitirán ubicar con precisión todo lugar desde donde se origine señal de wifi que alcance a los centros penitenciarios.

 

Otra de las principales acciones, es “lo relativo a un nuevo dispositivo de seguridad” dentro del sistema penitenciario.

 

San Salvador, 10 de agosto de 2016.