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¡Por fin arribamos a un acuerdo esperanzador para el país! justo en el momento en que estábamos al límite del despeñadero de un impago provocado y bajo la presión de artificiosas movilizaciones sectoriales alentadas desde el conjuro de la desestabilización. El consenso llegó después de largas y complejas discusiones entre las partes, dentro de sí mismas y desde terceros que también contribuyen de manera decisiva. El documento suscrito es público y se encuentra disponible en los portales institucionales.

El compromiso adoptado es el primer tramo para la sostenibilidad fiscal, el desarrollo económico y el fortalecimiento de la liquidez del Estado. Este logro es un hecho conceptualmente trascendente, visto a la luz de la reiterada confrontación política y mediática anclada en trincheras de visiones divergentes del modelo de sociedad que queremos. También es relevante en el marco de la próxima conmemoración de los 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz; sobre todo cuando la materia económica y social es una mora pendiente con el país ya que no fue suficientemente abordada en el proceso de negociaciones de Chapultepec, pues la prioridad era alcanzar la paz, creando el espacio y las condiciones que abrieran ruta a un proceso de apertura política y democratización.

No obstante, más allá de lo esperanzador que resulta el primer paso de este nuevo acuerdo marco para seguir avanzando, no podemos obviar ni abstraernos de la realidad que implica la abismal distancia ideológica y política que seguirá existiendo y dificultando construir una visión común del rumbo nacional, principalmente en temas económicos y sociales que son la verdadera almendra del desarrollo, en un contexto neoliberal y oligopólico de intereses carentes del suficiente compromiso social para ir a fondo en la lucha contra la pobreza. Esta limitación impera en la mayoría de los grupos económicos dominantes; sin embargo, el debate público seguirá abonando aproximaciones al interés de nación.

Ha sido notorio el filo de la navaja en el que se ha situado este acuerdo político alcanzado, en medio de presiones y visiones grupales muy distantes del interés nacional; por un lado, algunos enfoques más radicalizados de izquierda que ante la crisis fiscal proponen declarar la incapacidad de pago de la deuda externa por parte del Estado, buscando un plazo moratorio para su posterior cumplimiento, con los riesgos de un proceso de desdolarización de incalculables e imprevisibles consecuencias, y sin un plan y modelo monetario viable y de consenso. Por el otro, desde posiciones de ultra derecha con propósitos mezquinos de quienes solo ven la coyuntura electoral próxima y buscan llevar agua a su molino, exacerbando la crisis y buscando a cualquier precio la desestabilización del gobierno por la vía de quebrar las finanzas públicas y llevándonos al impago; estimulando a la vez el levantamiento y movilización social al estilo y copia de la oposición venezolana.

En este estado de cosas, y con el respaldo de la experiencia de los últimos 25 años, constituye un importante progreso continuar con la exitosa política de estado de hacer del diálogo una herramienta de entendimiento para arribar a acuerdos concretos, con la meta de construir una agenda de mayor alcance que asegure la sostenibilidad fiscal inmediata y de largo plazo, y el crecimiento fundamentado en un desarrollo económico y social inclusivo, debiendo resolver la liquidez del gobierno para cumplir las obligaciones de pago y sanear las deudas de corto plazo -trasladándolas al largo plazo-, enfrentando el déficit fiscal, disminuyendo y estabilizando la deuda pública, dando certeza nacional e internacional de la solvencia y capacidad financiera del Estado que propicie un clima favorable para una mayor inversión y oportunidades de empleo.

La tarea en este nuevo escenario de encontrar soluciones al cúmulo de problemas heredado por décadas de falta financiamiento público para contribuir al desarrollo económico y social, apenas comienza, avanzar con mayor celeridad es posible y necesario, sobre todo cuando temas de tanto fondo como la reforma de pensiones son el plato fuerte de una mesa específica creada para ese propósito, sumando a esto la caficultura que en sí misma representa un reto y expectativa de grandes proporciones; y por supuesto la mesa abocada al mismo crecimiento económico que debe aportar con medidas concretas para atraer y elevar las inversiones.

Pero todo esto implica encaminar no solo un diálogo entre elites políticas. Para mí el diálogo debiera ser público, pues demanda involucrar a la sociedad en su conjunto, estos temas en definitiva son asuntos públicos de interés común y, en la medida que la mayoría estemos debidamente informados y podamos canalizar nuestras opiniones y dudas, será mayor el compromiso y sacrificio de contribuir al ajuste que necesita nuestra economía y finanzas públicas; así como el de echarle más ganas para elevar la productividad y la generación de empleo y oportunidades.

Martes, 15 de noviembre de 2016