De las 7,830 multas impuestas al transporte público en cinco meses, 1,120 son por aumento ilegal al pasaje
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele mantiene una estricta vigilancia para que ninguna de las rutas de autobuses o microbuses cobren arbitrariamente más de la tarifa de pasaje autorizada a los usuarios de las unidades.
Del 12 de marzo a la fecha, de un total de 7,830 esquelas impuestas a distintas unidades, 1,120 son por alza del pasaje, incumpliendo una de las 11 Medidas Antiinflación ordenadas por el Gobierno.
En su afán de buscar dar cumplimiento al paquete antiinflacionario anunciado por el Mandatario el pasado 10 de marzo, a fin de paliar los efectos de la crisis mundial, y proteger el bolsillo de los salvadoreños, los gestores de tránsito del Viceministerio de Transporte (VMT) y los agentes de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC), a diario efectúan controles vehiculares en al menos 100 puntos del país.
Al efectuar unas de las verificaciones del cobro de la tarifa en el transporte colectivo, en el sector del monumento al Divino Salvador del Mundo, en San Salvador, el director general de Transporte, Raúl López, detalló que han abierto casi 60 procesos administrativos sancionatorios y retirado 182 permisos de circulación de unidades de autobuses y microbuses de las diferentes rutas. “Estamos verificando el transporte público en el marco de las 11 medidas ante la inflación, en este caso la medida número 8 que es verificar la tarifa del pasaje”, reiteró el funcionario.
Durante los cinco meses de aplicación de las 11 Medidas Antiinflación, el Gobierno ha sancionado 702 rutas de autobuses, de un total de 1,100 autorizadas a dar el servicio.
Hasta la fecha, 10,076 unidades han sido verificadas con la finalidad de no permitir abusos contra los usuarios, en un total de 91,262 actividades policiales. El VMT y la PNC se proponen haber finalizado el 100% antes que termine el año.
De 562 denuncias recibidas de parte de los usuarios, relacionadas al alza de los pliegos tarifarios, 563 han sido atendidas y 399 están en proceso.
Se registran hasta ahora 10 capturas y seis unidades decomisadas, 98 multas administrativas y 97 procesos de suspensión del subsidio, obteniendo un ahorro de $49,500 en las arcas del Estado.