Aeropuerto internacional reanuda vuelos comerciales priorizando salud de salvadoreños

Las operaciones para vuelos comerciales que salen desde El Salvador, o que tienen al país como destino final, reiniciaron este sábado 19 de septiembre —de manera parcial— en el aeropuerto internacional San Óscar Arnulfo Romero.

Seis meses después de que el Presidente Nayib Bukele ordenó cerrar la terminal aérea para las operaciones de vuelos comerciales de pasajeros, la terminal aérea inicia una reapertura gradual que se completará en tres fases.

La decisión que tomó el Presidente Bukele en marzo tenía como propósito prevenir contagios masivos de COVID-19, que para esas fechas ya había sido calificada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tal como lo demuestran los datos sobre la enfermedad en El Salvador, esta decisión del Presidente Bukele fue acertada y oportuna.

El presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker, explicó que en esta etapa iniciarán con un 20 % de la capacidad que tiene el aeropuerto y 13 destinos autorizados; entre ellos, varias ciudades de Estados Unidos.  Además, como autónoma administradora del aeropuerto, aplicarán estrictos protocolos de bioseguridad que ya están adaptados a estándares internacionales.

“Como autoridad aeroportuaria, no bajaremos la guardia y seremos estrictos en cuidar la salud de los salvadoreños. Por eso, estamos listos para proceder con una reapertura ordenada, gradual y segura”, enfatizó Anliker.

A pesar de que la Sala de lo Constitucional ha impedido tomar medidas especiales para ordenar el ingreso de connacionales y extranjeros, que además son idénticas a las que se adoptan en decenas de países, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele mantiene su compromiso de darle prioridad a la salud de los salvadoreños.

Por tanto, en el contexto de la primera fase de reapertura, las autoridades salvadoreñas continuarán ejecutando acciones enfocadas en prevenir contagios masivos de la enfermedad del coronavirus, dentro del reducido margen de maniobra que el Órgano Judicial ha dejado al Gobierno y sus autónomas.