Diputados tienen solo dos semanas para aprobar el presupuesto 2021, de lo contrario se perderán importantes programas sociales
A partir de este lunes, los legisladores de oposición tienen dos semanas para aprobar el Presupuesto General de la Nación 2021, es decir dos sesiones plenarias ordinarias antes de que finalice el año. De no aprobarse este instrumento de país, se vendría abajo el desarrollo de los programas sociales y la continuidad de los planes económicos y de seguridad.
El presupuesto 2021 asciende a $7,453.5 millones, entre los cuales un 43 % va destinado para inversión social.
Salud, educación y seguridad son las prioridades nacionales, pilares que se verán gravemente afectados si los legisladores no llegan a un acuerdo para aprobar el presupuesto en tiempo, luego de dos meses y medio de análisis.
En el ramo de salud es clave continuar con el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria destruida que dejaron de herencia los gobiernos anteriores, así como los insumos médicos y el incentivo salarial al personal de primera línea. Este presupuesto tiene un componente importante para la atención de otros padecimientos que en años anteriores no fueron controlados adecuadamente.
En el caso de la seguridad, la compra de uniformes e insumos, la mejora de estaciones policiales y el incremento salarial a los agentes y personal de administrativo podrían verse afectados sin un plan de gastos adecuado para el próximo año. Esto dañaría, además, el desarrollo del Plan Control Territorial, que de por sí se ha visto bloqueado ante la negativa de los diputados a aprobar $200 millones para sus fases II y III.
En educación se ha planteado una inversión histórica de $214 millones para reducir la brecha digital y para innovación educativa, apuesta que nunca antes había realizado gobierno alguno. También está en riesgo la Política Integral de Desarrollo Infantil. La inversión en salud será histórica, pues asciende al 5 % equivalente al Producto Interno Bruto (PIB).
El Gobierno considera urgente que los partidos actúen en favor de la población y no de sus intereses electorales, pues al no aprobarse el plan de gastos 2021 entraría en vigor el de 2020, por lo que no se podrían impulsar los objetivos en materia social y desarrollo para los ciudadanos.