El Gobierno del Presidente Bukele reforzará los programas para el acceso a vivienda digna en el presupuesto 2022

La inversión en los programas que son de beneficio de los salvadoreños es la prioridad en el plan de gastos e ingresos para el 2022. Por ello el Gobierno del Presidente Nayib Bukele incorpora en el quehacer institucional actividades que resuelven deudas históricas, como el acceso a un techo digno para los sectores vulnerables.

Así, está previsto que para el presupuesto nacional 2022 se asigne una partida presupuestaria para el programa “Mi Primera Vivienda”, más un componente de mejoramiento e infraestructura. Este tipo de actividades y su respaldo financiero será parte de las discusiones que sostendrán los legisladores antes de aprobar el presupuesto.

Durante la gestión del Presidente Bukele, aproximadamente 6,500 familias han sido beneficiadas con iniciativas del Sistema Nacional de Vivienda como la entrega de contribuciones para mejoramiento o construcción de vivienda o la facilitación de las escrituras de propiedad, que garantiza la seguridad jurídica de miles de personas y les abre camino para acceder a servicios básicos.

Además de estos programas, que continúan en ejecución, ha sido durante esta administración que se han diversificado las opciones de financiamiento para comprar casa, lotes, apartamentos, entre otros. El Fondo Social para la Vivienda (FSV), por ejemplo, destacó que más de 2,800 personas de entre 18 y 25 años han recibido una solución financiera para tener su propio espacio de habitación.

En total, durante el período que lleva el Presidente Bukele al frente del país, el  FSV ha beneficiado a 14,827 familias, con una inversión de $291.7 millones.

Ahora el Gobierno sigue atento a cumplir su compromiso con los sectores vulnerables. Con iniciativa del Ministerio de Vivienda y su titular, Michelle Sol, el órgano Ejecutivo presentó la propuesta de Ley Especial para la Legalización de Inmuebles Adjudicados a FONAVIPO tras un juicio mercantil. Son 265 familias, repartidas en 12 comunidades, las que necesitan el apoyo.

“Han sido más de 25 años en los que estas familias han estado tocando puertas, pidiendo ayuda, pagando abogados, pero nunca fueron escuchadas ni atendidas”, expresó la ministra Sol.

Así como sucedió con las familias que viven en terrenos de la línea férrea, las comunidades en la Finca La Bretaña, El Espino o los sobrevivientes y familiares de la masacre de El Mozote (1981), el Gobierno se encargará de proveer soluciones y cumplir con derechos que les fueron negados durante años.