El Gobierno sigue enfrenando el COVID-19 con más vacunas, tamizajes y otras estrategias sanitarias, pese a solo contar con el Código de Salud como base legal

Por más de un año, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele ha tenido que enfrentar la pandemia de COVID-19 superando diferentes obstáculos. Uno de ellos ha sido el bloqueo sistemático de la oposición política del país, que sólo dejó el Código de Salud como herramienta legal contra el virus, por lo que se han tenido que tomar decisiones más allá de la política e impulsar estrategias en favor de la vida de los salvadoreños.

Parte de estas acciones han sido la vacunación de miles de salvadoreños que conforman la primera línea de atención durante la pandemia, lo que incluye personal médico y no sanitario de los sectores público y privado. Luego se continúo con policías, soldados y, en los últimos días, maestros, incluyendo los que trabajan en escuelas y colegios que no son del sector público, que también juegan un rol importante ante la sociedad.

Así, es importante destacar que en los últimos meses la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa no cambiaron su postura a favor de la vida de los salvadoreños, atando de manos al Gobierno para implementar otras medidas de control sanitario entre la ciudadanía en épocas como la Semana Santa recién pasada, más allá de los protocolos de bioseguridad de los lugares y sitios turísticos.

Por ello, el Gobierno espera que en los próximos días no haya una nueva ola de contagio de COVID-19, si se toma en cuenta que muchos países están volviendo a nuevos confinamientos, mientras que en El Salvador la apuesta por la vacunación progresiva y por fases ayudará a generar una inmunidad de colectiva para fortalecer la economía y que la población esté protegida contra el virus.

Todo esto se da en un contexto de transición política entre la legislatura saliente y entrante, donde se prevé un cambio de tónica y una real articulación entre el Gobierno y el órgano Legislativo a favor de la mayoría de salvadoreños, lo que además incluye el trabajo coordinado con las alcaldías del país, que juegan un papel importante en cada comunidad.

Otras estrategias que han continuado son los tamizajes comunitarios y las vigilancias centinela con 856,658 pruebas COVID-19 realizadas y una baja tasa de contagios y letalidad con los abordajes preventivos, incluso a escala regional. Por ello, el Gobierno de El Salvador seguirá defendiendo la vida de sus ciudadanos en cada acción y política pública, como la vacunación de enfermos crónicos y adultos mayores, que iniciará este miércoles.