Gobierno del Presidente Nayib Bukele avanza en las medidas de reparación para las familias víctimas de la masacre de El Mozote

 

El Gobierno del Presidente Nayib Bukele, a través del trabajo que realizan varias instituciones como el Ministerio de Vivienda, mantiene su compromiso por darle cumplimento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reparar los daños a las familias víctimas de la masacre ocurrida en Morazán, durante el pasado conflicto armado.

 

Como parte de las acciones de reparación que desarrolla el Gobierno, los equipos técnicos y sociales de la cartera de Estado viajaron hasta el municipio de Arambala, Morazán, para recolectar los datos de 39 familias que se encuentran en el Registro Único de Víctimas por la masacre de El Mozote.

 

En estas jornadas se recopila información y se realizan expedientes con las necesidades particulares de cada caso para, posteriormente, entregar el beneficio que se traduce en reparación o construcción de sus viviendas.

 

Esta es una deuda histórica con las familias de la zona, a quienes durante años el Estado les negó las acciones de reparación. Ahora el Gobierno del Presidente Nayib Bukele se ha encargado de brindarles soluciones adecuadas a las necesidades de esta población.

 

Durante la actual administración se han ejecutado medidas que representan importantes avances en las acciones para resarcir los daños a las víctimas como: la construcción y reparación de calles, la edificación de viviendas, la entrega de becas e insumos y asistencia técnica por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

 

Según datos del Ministerio de Vivienda, hasta la fecha se han entregado $385,500 para beneficiar a 64 víctimas inscritas en el Registro Único, a ellos también se les ha brindado asistencia técnica para un proceso constructivo de calidad, optimizando recursos, ya que a cada familia se le entrega una carpeta técnica con su presupuesto, planos y lista de materiales.

 

Desde el Ejecutivo se continuará dando seguimiento a las obligaciones del Estado respecto a las medidas de reparación para estas familias que sufrieron por mucho tiempo el abandono de las autoridades.