Gobierno del Presidente Nayib Bukele fortalece protección de los derechos de los usuarios con reformas a Ley de Protección al Consumidor

En el marco de la celebración del Día Nacional y Mundial de los Derechos de los Consumidores, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, a través de la Defensoría del Consumidor, promueve reformas a la Ley de Protección al Consumidor (LPC), que interpreta el clamor de la población en torno a demandas históricas para mejorar su bienestar como consumidores.

La propuesta de reformas a la Ley, que comprende 60 artículos, propone modificar 43 artículos y adicionar 17 nuevas disposiciones.

Al respecto, el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, explicó que esta propuesta presentada ante Asamblea Legislativa sería la quinta reforma a esta ley, la cual sienta las bases de un nuevo y mejorado rol de esta institución.

“Veo con mucho optimismo el recibimiento de esta ley, que diferentes sectores reconozcan la importancia y la necesidad de reformar la ley para tener un marco certero y un ámbito claro de cómo desarrollar los bienes y servicios”, añadió.

La propuesta prevé la ampliación de derechos de los consumidores y de las nuevas obligaciones de los proveedores.

“En primer lugar, en el contexto de las obligaciones de los proveedores, vamos a regular el cobro de las propinas y de los parqueos, así como también de las tarjetas de regalo”, indicó Salazar.

También se pretende perfeccionar las obligaciones de los proveedores en torno a las promociones y ofertas especiales.

“Vamos a crear la obligación de subsanar errores en la publicidad. Es decir, será institucionalizada la fe de errata. Se perfeccionará la protección de los consumidores, frente a la publicidad ilícita, el derecho a reclamar, recibir compensación y contar con mecanismos de atención de reclamos por parte de los proveedores”, explicó.

El Gobierno busca incorporar 13 nuevas infracciones en la Ley de Protección al Consumidor, en torno a los derechos económicos, desarrollar un marco legal para proteger a los usuarios de servicios financieros en situaciones de sobreendeudamiento y eliminar el cobro de membresía en tarjetas de débito.