Presidente Bukele vetará decreto con el que oposición legislativa busca blindar y dejar en la impunidad violaciones en el transporte público
El Presidente de la República, Nayib Bukele, anunció este domingo que vetará el decreto legislativo aprobado en la sesión plenaria del jueves anterior, y con el que la oposición política en la Asamblea Legislativa busca blindar a sectores de empresarios del transporte colectivo, limitando las acciones legales que le permite el marco jurídico al Ejecutivo.
Los diputados aprobaron la “Disposición Transitoria sobre la Concesión del Transporte Colectivo de Pasajeros a Causa del Impacto Económico de la Pandemia por COVID-19”.
“Me tomaré todo el tiempo que me da la Constitución para VETAR ese adefesio y asegurarme que jamás entre en vigencia. Ustedes ya no hallan cómo dañar al pueblo”, recriminó a los legisladores el jefe de Estado.
La aprobación de dicho decreto se llevó a cabo justo cuando el Presidente de la República emitía importantes mensajes a la nación a través de la cadena nacional de radio y televisión, la que dicho sea de paso, violando, la Ley de Telecomunicaciones, los medios de comunicación legislativos no transmitieron.
La oposición política pretende que el Gobierno quede atado por ley para no sancionar a los empresarios del transporte, ni retirarles permisos de línea bajo ninguna circunstancia, dándoles clara impunidad para irrespetar la Ley General de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
La “disposición transitoria” que aprobaron los diputados duraría seis meses, curiosamente el mismo tiempo que falta para que se desarrolle la campaña electoral para los comicios del 28 de febrero del próximo año. Durante ese periodo, se podrían suscitar protestas, paros al transporte, las unidades podrían dejar de circular, incrementos al pasaje o cualquier otra medida contra la población, sin que el Viceministerio de Transporte pueda aplicar la ley.
En las mismas fracciones opositoras la medida ha encontrado descontento y rechazo, ya que dicha propuesta surgió de los legisladores que mantienen vínculos e intereses con parte de un sector de empresarios del transporte que se niega a ser ordenado, a mejorar el servicio o dar un transporte de calidad para la población salvadoreña.