Gobierno salvadoreño apoya medidas de reparación y reencuentro para la familia de Victoria Salazar

El Gobierno del Presidente Nayib Bukele gestiona que los familiares de Victoria Esperanza Salazar Arriaza, migrante salvadoreña asesinada por agentes de la policía de Tulum, en el estado mexicano de Quintana Roo, puedan acceder a las medidas de reparación y de reencuentro que necesitan.

Los representantes del Gobierno salvadoreño que están en comunicación directa con la contraparte mexicana indicaron que ya se han tomado las primeras decisiones acerca de qué tipo de apoyo adicional se proveerá.

El embajador de México en El Salvador, Ricardo Cantú, informó que después de conversar con la directora general de Derechos Humanos en la cancillería, Tania Rosa, acordaron dar dos visas humanitarias a los familiares de la señora Salazar para que puedan viajar a Tulum.

Ya el cónsul salvadoreño designado, René Domínguez, y la directora de asistencia y protección salvadoreña en el exterior, Ana Irma Rodas, están en Tulum para participar en estas soluciones.

Además, la Comisión de Atención a Víctimas de Quintana Roo proporcionará a los parientes de la víctima un asesor jurídico público gratuito, alojamiento y movilización en transporte, acompañamiento psicosocial a las hijas de la connacional y traslado de los restos de la víctima. Las dos menores de edad están en condición de refugiadas, un estatus migratorio que también tenía su madre.

La salvadoreña fue asesinada el sábado 27 de marzo. Un video que registra estos hechos permite observar cómo los policías la sometieron hasta dejarla sin vida.

El Presidente Nayib Bukele exigió justicia en este caso y aplicación de sanciones drásticas a los involucrados. El jefe de Estado se comprometió a proveer a las dos adolescentes el respaldo que necesitan para continuar con sus estudios y actividades cotidianas.

Las agencias del sistema de Naciones Unidas que velan por los derechos de las mujeres, los refugiados y los migrantes también exigieron que las autoridades mexicanas lleven a cabo “una investigación pronta e imparcial y en línea con los estándares de derechos humanos en la materia”.