Gobierno trabaja para ampliar el acceso a vivienda digna con garantías jurídicas: $17 millones en inversión

El acceso a una casa o apartamento con la debida estabilidad jurídica es un derecho que la población reclamó durante muchos años, pero no había instituciones encargadas de asumir este reto.

 

Durante la administración del Presidente Nayib Bukele no solo se creó el Ministerio de Vivienda (MIVI), sino que además se han agilizado muchos procesos para proveer a las familias mejores expectativas de vida con un techo digno. Con el programa de entregas de escrituras, el Gobierno ha invertido $2 millones; mientras que en el programa de contribuciones y reasentamientos la inversión asciende a $15 millones.

 

En días recientes, el MIVI llevó alivio a millares de salvadoreños. Entregó escrituras a 84 familias provenientes de San Miguel, Usulután y San Salvador. Entre ellas, el 64 % también calificó para el programa de reasentamientos.

 

Parte de la tarea para dar estabilidad jurídica a las familias es regularizar lotes. El MIVI promovió un instrumento que ayudará para resolver la situación de 350,000 personas que fueron estafadas por empresarios, quienes cobraron por los lotes donde están sus viviendas, pero nunca les entregaron las escrituras. La Asamblea Legislativa dio sus votos a favor.

 

En este sentido, el MIVI ha sostenido reuniones con la Fiscalía General de la República (FGR), alcaldes y diputados, más otras instancias, para buscar soluciones a las personas que pagaron su lote pero no recibieron los documentos que acreditan la propiedad. El MIVI ahora está investigando 60 proyectos en los que ocurrieron estas irregularidades.  “A los que han cerrado sus lotificaciones y han creado nuevas empresas les queremos decir que estamos siguiendo sus huellas”, advirtió la ministra de Vivienda Michelle Sol.

 

Si bien hay casos en los que los desarrolladores de los proyectos han llegado para solucionar el problema, otros buscan mecanismos para evadir sus responsabilidades. La ministra Sol afirmó que han fortalecido los canales institucionales por si estas empresas rehúsan a dar solución, buscarán que el proceso pase a la FGR.

 

De igual manera, el Gobierno continúa con una serie de proyectos que califican como ayuda mutua, porque son los beneficiarios quienes se involucran directamente para ayudar a construir sus nuevas viviendas, como en el caso de Los Cocodrilos. Una iniciativa parecida está llevándose a cabo en el Centro Histórico de San Salvador.

 

“Antes, solo les ofrecían respuestas temporales, trasladarse a albergues y luego retornar al peligro. Nosotros les brindamos soluciones habitacionales y adecuadas, de calidad y seguras, con la certeza jurídica que merecen”, expresó la ministra de Vivienda.