Medida cautelar del FODES, impuesta por la Sala Constitucional, afecta directamente al equilibrio presupuestario
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele, respetuoso de la legalidad, cumplirá con la medida cautelar que comunicó la Sala de lo Constitucional. Pero es importante destacar que dicha medida evidencia un sesgo electoral entre los magistrados, tal como se puede concluir con los argumentos que se expusieron.
Cuando faltan tres semanas para las elecciones legislativas y municipales, la apresurada resolución desde ese tribunal plantea muchas interrogantes.
La Sala ordenó al Ejecutivo emprender las acciones necesarias para que se pueda transferir el FODES a los alcaldes, que ya están en plena campaña. También incluyó disposiciones que incidirán sobre el manejo de la caja fiscal y de la planificación de los gastos, a través de un calendario. De esta manera, los magistrados impusieron acciones que afectarán el manejo del equilibrio presupuestario, una función que la Constitución de la República le asigna directamente al Ejecutivo (artículo 226).
“Se están metiendo en atribuciones que no les competen. Ellos no pueden administrar la caja fiscal del Estado. No han sido electos para eso”, señaló el titular del Ministerio de Hacienda (MH), Alejandro Zelaya. “Es una total irresponsabilidad. Pero, como dije, somos respetuosos y vamos a cumplir con la medida cautelar de la Sala, que nos manda a realizar gestiones administrativas y financieras encaminadas a realizar el depósito”, dijo Zelaya.
Favorecen a los 262 alcaldes
La medida tiene su origen por un recurso de amparo que promovió el alcalde de Santiago Texacuangos a nombre de su municipio. Pero los magistrados lo extendieron a todos los municipios –algo que ni siquiera solicitó el jefe municipal–, como si se tratara de una demanda por inconstitucionalidad.
Esta ampliación es poco común en los recursos de amparo, pues atañen a quien los promovió. “Lo hace extensivo a las 262 alcaldías, buscando dos razones: Uno, probable financiamiento de campañas políticas; dos, quebrar al Estado. Hacer quedar mal al Presidente Nayib Bukele”, dijo el ministro de Hacienda. “Es un uso político de las instituciones”, advirtió.
Además, no pusieron ningún tipo de control sobre el uso del dinero, a pesar de que el Código Municipal y otros cuerpos normativos establecen restricciones para el uso de los recursos cuando se acercan los comicios. “Básicamente se los entrega por completo y que hagan lo que quieran. A tres semanas de las elecciones, es sumamente sospechoso”, comentó el ministro Zelaya.
El funcionario señaló que la ampliación de los efectos de la medida tiene similitud con las maniobras que hizo la oposición en la Asamblea Legislativa para retrasar el financiamiento, dirigido a manejar la pandemia y a la recuperación económica, con tal de transferir dinero sin restricciones a los alcaldes.
“Con esta resolución, solo reafirma su total alineamiento con el bloque de la oposición, que nos ha tratado de obstaculizar todas las iniciativas que hemos presentado”, sostuvo el ministro de Hacienda.
El Gobierno cumplirá con el mandato del tribunal, con cuidado de no afectar las obligaciones que son prioritarias para el Estado. Así es como se ha trabajado durante la gestión del Presidente Bukele y la población lo ha percibido.