Municipios históricamente afectados por la delincuencia finalizan 2020 con menos homicidios respecto a 2019

Municipios históricamente afectados por la delincuencia finalizan 2020 con menos homicidios respecto a 2019

Los municipios considerados por la Policía Nacional Civil (PNC) como los más violentos del país finalizaron 2020 con reducciones históricas en el índice de homicidios.

La baja en la criminalidad está vinculada con la implementación del Plan Control Territorial, la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele.

Las estadísticas policiales revelan una reducción de un 29 % en San Salvador; 57 % en San Miguel; 48 % en Santa Ana; y 47 % en Ciudad Delgado. Además, en Soyapango contabilizan una reducción de un 24 %; Ilopango, 65 %; Mejicanos, 61 %; San Pedro Perulapán, 42 %, y Colón, 58 %.

La disminución en la cifra de asesinatos a escala nacional durante 2020 en comparación con 2019 fue de un 44.9 %. “Este ha sido el mejor año en seguridad pública a pesar de la falta de financiamiento y del boicot de los diputados y políticos tradicionales. Vamos a continuar firmes, golpeando a la criminalidad con el Plan Control Territorial”, dijo el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas.

Los datos policiales muestran que entre el 1 de enero y el 27 de diciembre de 2020 ocurrieron 650 homicidios en los 25 municipios que se encuentran en la lista de los más violentos del país, mientras que el año antepasado fueron 1,071, es decir, hubo 421 agresiones letales menos en el año que recién finaliza.

La mayoría de los municipios incluidos en esa lista de 2020 tuvo un descenso evidente. Entre esas localidades están cinco cabeceras departamentales: San Salvador, La Unión, San Miguel, Santa Ana y Ahuachapán.

También destacan localidades históricamente agobiadas por la delincuencia como San Juan Opico, y Colón, ambos en el departamento de La Libertad.

Entre los ejes de la fase I del Plan Control Territorial que ejecuta la Policía con el apoyo de la Fuerza Armada de El Salvador se destaca el combate frontal a la delincuencia, la recuperación de los centros históricos de las ciudades, donde los grupos terroristas ejecutaban las extorsiones y generaban ingresos para la compra de armas y droga.